La Jurisdicción Especial para la Paz verificará que tanto el mayor del Ejército Gustavo Soto Bracamonte como otros diez uniformados, involucrados en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2006 y 2007, estén cumpliendo con las condiciones que se les exige para acceder a los beneficios del sistema.
La JEP, a través de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, escuchó este jueves a 11 uniformados involucrados en 13 casos de falsos positivos ocurridos en Casanare, entre los que se encuentra el mayor Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula del Ejército en ese departamento.
En esta diligencia, la JEP verificó que los uniformados estén cumpliendo con las condiciones que les exige el sistema para acceder a beneficios como la libertad condicional o la privación de libertad en unidades militares. A cambio, los cuatro oficiales, un suboficial y seis soldados deberán comprometerse al esclarecimiento de la verdad, a reparar a las víctimas y a no volver a incurrir en las conductas que se les endilgan.
Contra los uniformados pesan condenas en la justicia ordinaria por homicidio, secuestro, concierto para delinquir y falsedad en documento público que alcanzan los 57 años de prisión proferidos por la justicia ordinaria. Uno de los casos por los que investigan al mayor Bracamonte tiene que ver con el asesinato de tres agricultores que fueron presentados como muertos en combate, en agosto de 2007, en la vereda Matepalma.
En otro caso, ocurrido en abril de 2007 en la vereda Las Tapias de Hato Corozal, el mayor Soto Bracamonte fue el encargado de planear y ejecutar el asesinato de dos jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros, según el fallo judicial. Por estos hechos fue condenado a pagar 32 años y 6 meses de cárcel.
El oficial también fue condenado por la justicia ordinaria por el secuestro y asesinato del comerciante Eduardo Pérez Vega en Villavicencio (Meta). La víctima fue abordada por un grupo de hombres que lucían distintivos del Gaula, fue obligada a abordar una camioneta con rumbo al municipio de Hato Corozal (Casanare), en donde fue hallada sin vida. La justicia logró determinar que la orden fue emitida por el propio Soto Bracamonte.
Por hechos en los que participaron los uniformados del Gaula y en los que fueron asesinados siete personas, el Ejército fue condenado en 2012 a ofrecer disculpas públicas en Yopal, Monterrey, Aguazul, Paz de Ariporo (Casanare) y Villavicencio (Meta).
Los uniformados acudieron a la JEP por el asesinato de Óscar Moreno Moreno, Yuri Ferney Achagua Reyes, Darío Ruiz, Geovani Daniel Peñata Hernández, Fredy Mosquera, Darwin Esnin Riascos, Wilfredo Acevedo, Fernando Alarcón Acevedo, Jairo René Navarrete Sánchez, Reinel López Rodríguez, Edubin Morales Sierra, Abelardo Reyes y Abel Antonio Lozano Camacho. Los otros implicados
el sargento viceprimero Gustavo Montaña Montaña, quien está implicado en todos los casos por los que fueron convocados los uniformados. Así mismo estuvo presente el capitán Jairo Rivera Mahecha; el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez; los cabos primeros Gélver Pérez García y Julio Cesar Tegue Medina; y los soldados profesionales Carlos Alfredo Bello Bolívar, Dorian Campos Vergara, Darío González, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez, así como el civil José Ovidio Díaz.
La defensa de Soto Bracamonte le entregó a la JEP cinco tomos que compilan los sentencias en la justicia ordinaria, misiones tácticas, procesos que no están ejecutoriados, que no han sido investigados y que reposan en la Justicia Penal Militar y en la ordinaria “con el fin de que sean analizados por la JEP y para buscar el fin de la sanción penal”. Su abogada, Tania Parra, aseguró que su defendido está comprometido con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Las víctimas
Como en la audiencia de los falsos positivos de Soacha, en esta oportunidad también fueron citados los familiares de las víctimas, quienes tuvieron la posibilidad de participar en la diligencia. La Secretaría Ejecutiva de la JEP los trasladó desde Casanare hacia Bogotá y les brindó el acompañamiento del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para que sean representados durante la diligencia.
Durante su presentación, María Isabel Riascos, madre de Darwin Esnin Riascos, les preguntó a los militares por qué le quitaron la vida a su hijo.
En la diligencia participaron los familiares de las víctimas Óscar Moreno Moreno, Yuri Ferney Achagua Reyes, Darío Ruiz, Geovani Daniel Peñata Hernández, Fredy Mosquera, Wilfredo Acevedo, Fernando Alarcón Acevedo, Jairo René Navarrete Sánchez, Reinel López Rodríguez, Edubin Morales Sierra, Abelardo Reyes y Abel Antonio Lozano Camacho, quienes fueron presentados falsamente como muertos en combate.
Los hechos
Uno de los casos por los cuales los uniformados buscan pista en la JEP tiene que ver con la operación adelantada el 26 de agosto de 2007 en la que fueron asesinados Abelardo Reyes y Abel Antonio Lozano Camacho en la vereda Matepalma, en zona de rural de Yopal Casanare. Transcurrieron dos días para que los familiares de las víctimas los reconocieran en Medicina Legal, en donde les informaron que el Ejército los había reportado como muertos en combate y que tenían en su poder armas de fuego.
Según el proceso en la justicia ordinaria, la Fiscalía logró establecer que no se hallaron rastros de disparos en las manos de las víctimas y que una de las armas ni siquiera fue percutida. En cambio, los fusiles de los militares fueron accionados en distintas oportunidades a menos de cinco metros de distancia.
En otro caso, registrado el 14 de octubre de 2006, en la vereda Matepiña de Casanare, los miembros del Gaula del Ejército ocasionaron la muerte de dos personas que se movilizaban en una moto. Uno de ellos era Yuri Ferney Achagua Reyes, quien se encontraba en la casa de su hermana en Yopal y, hacia las 9:00 a.m., salió de allí porque dijo que viajaría a la vereda Punto Nuevo para llevarle dinero a su pareja, quien estaba esperando un hijo suyo. Aunque intentaron comunicarse con él, su celular estaba apagado y desde entonces le perdieron el rastro. Transcurrió una semana, cuando fueron llamados por personal de la funeraria que les informó que Yuri Ferney había muerto en combate.