Por Holman Toloza

Luego que el comité promotor de la Consulta Popular anti minera interpusiera una Acción de Tutela en contra de la Alcaldía de Monterrey, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, por no disponer los recursos económicos para la realización de la Consulta, el vocero de esta iniciativa Alirio Vargas informó que el fallo fue en contra, se declaró improcedente la Tutela.

Según el Tribunal Administrativo de Casanare, no están claras las competencias sobre la responsabilidad para financiar la Consulta, y tampoco hay vulneración de un derecho fundamental.

"Continuaremos nuestra lucha a través de otros mecanismos que nos faculta la Ley para hacer respetar el derecho que como ciudadanos tenemos de defender nuestros recursos. Es triste que la bandera política de turismo sea solo en campaña y luego se le dé la espalda a lo que hace posible ese famoso turismo como es el agua", manifestó Alirio Vargas.

A su vez el Alcalde de Monterrey, Orlando Martínez, afirmó que el proceso no sólo depende del municipio y que la Registraduría debe definir si tiene los recursos para realizar el ejercicio democrático.