Por Holman Toloza – Canal 6

La Registraduría Municipal a través de un comunicado dirigido al vocero del comité promotor de la consulta popular anti minera en Monterrey, le notificó la suspensión del mecanismo de participación ciudadana.

La intención de los ciudadanos de manifestarse en contra de la explotación de material en zonas de recarga hídrica había surtido todo el proceso desde la recolección de firmas, validación de las mismas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, concepto favorable del Concejo Municipal, concepto favorable del Tribunal Administrativo del Casanare, asignación de fecha para la realización de la Consulta, pero no se contó con el respaldo financiero del municipio, la Registraduría y el Ministerio de Hacienda.

La decisión fue interpretada como un pésimo antecedente sobre el respeto a los mecanismos contemplados por la Constitución Nacional para la participación ciudadana y una burla hacia las comunidades.