El Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Territorial sancionó a la Contraloría Departamental de Casanare, representada por José Antonio Ortega por infringir el Código Sustantivo de Trabajo y en consecuencia deberá pagar una multa de 74 millones 530 mil pesos.

La sanción se dio, específicamente porque el Ente de control no implementó el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial para atender a los empleados por una queja interpuesta por la Comunicadora Social, Ángela Sofía Vargas Bernal, quien debió renunciar a su cargo por la persecución y acoso laboral que sufrió al interior de la Entidad.

Los hechos se remontan a la situación registrada desde diciembre de 2016, cuando la entonces funcionaria decidió poner la respectiva queja ante el Ministerio de Trabajo.

Para el 2017 se dio a conocer que tres funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare fueron remitidos a tratamiento psiquiátrico debido a episodios de depresión y estrés como consecuencia del presunto acoso laboral de parte del Jefe Superior, Antonio José Ortega, quien ya fue denunciado ante los órganos de control por acoso laboral, abuso de poder y secuestro simple.

Ángela Sofía Vargas, Simón Andrés Alfonso y Andrea Tibabija, trabajadores del ente de control recibieron 60 días de incapacidad por enfermedad psicológica de parte de médicos psiquiátricos que certificaron su patología, producto del mal ambiente laboral, incluso una de ellas debió ser internada en dos ocasiones en la Clínica del Oriente por crisis nerviosas.

Señala uno de los afectados que el Doctor Ortega de manera verbal le imponía órdenes para la ejecución de auditorías en municipios fuera de Yopal con límites de entrega imposibles de lograr, por lo que la asignación de carga laboral le estaría generando estrés, a lo que se le suma que el Contralor le estaría obligando a abrir hallazgos sin justa causa y al oponerse a la orden, habría dado la instrucción de abrir investigación disciplinaria.

Según relató Simón Andrés Alfonso, en ese entonces, pese a que la incapacidad es por enfermedad laboral y así se soporta en sus historias clínicas, la Contraloría les estaba pagando el 66% afectando aún más su vida al desestabilizar su entorno familiar por la reducción de sus ingresos.

Dentro de la denuncia por acoso laboral se relataba que no se habría permitido la salida del funcionario el 30 de diciembre de las instalaciones de la Contraloría luego de las 5:00 de la tarde por parte de la vigilante, quien habría argumentado su retención ya que debía esperar hasta que se le hiciera una minuciosa requisa, espera que duró por más de 40 minutos por orden del Doctor Ortega.

Según Alfonso la situación era incómoda por cuanto se encontraban hasta en el parqueadero, donde el Jefe lanzaba groserías e improperios y hasta amenazas con lo que se vio afectado psicológicamente, pues sentía además la indiferencia de sus compañeros por estar en otra posición frente al Contralor.

De otra parte, una de las dos funcionarias afirma que bajó 22 kilos consecuencia del estrés y la depresión.