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Campesino de Tauramena recuperará finca que había perdido por enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares

El Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca emitió la primera sentencia de restitución en Tauramena, en la cual ordena medidas de reparación para el predio “El Bambú” con una extensión de 46 hectáreas y 9.318 m2, ubicado en la vereda San José.

Manuel Antonio Arias recuperará la tierra que abandonó como consecuencia de enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares.

Los hechos victimizantes, que llevaron a Manuel y a su familia a salir de su predio, ocurrieron en el año 2002, cuando se presentaron constantes enfrentamientos entre el frente 56 las FARC y las Autodefensas Campesinas del Casanare por el dominio territorial, y la guerrilla informó a la población que había sembrado minas antipersonales en la vereda.

En la sentencia el juez le reconoce a Manuel, el derecho fundamental a la restitución del predio “El Bambú”. Sin embargo, el beneficiario solicitó ser compensado, pues considera que esta es la mejor alternativa para él, por su avanzada edad y las condiciones del predio.

“Esta víctima del abandono forzado, será compensada por equivalencia económica, por lo cual, en cumplimiento de la orden judicial tendrán derecho a un nuevo predio urbano o rural, donde podrán mejorar sus condiciones de vida”, afirmó el director de la URT en Meta, Wilson Leyton Roldán.

Además del nuevo predio, la victima recibirá otros beneficios como: el alivio de pasivos por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones; y la inclusión en programas de generación de ingresos y acceso a la oferta institucional del Estado, que tienen como objetivo reparar integralmente a las víctimas.

La sentencia fue objeto de análisis por parte de la Comisión Departamental de Tierras de Casanare, en la participación la URT, la alcaldía de Tauramena, el Departamento para la Prosperidad Social, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el Ejército y la Policía Nacional, entre otras entidades que están obligadas al cumplimiento de las órdenes emitidas por el juez de restitución.



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