Información de SEMANA.COM 

En menos de seis meses, el general retirado Henry Torres Escalante se vio obligado a transformar su verdad sobre los falsos positivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la primera versión, el excomandante de la brigada XVI del Ejército le dijo a los magistrados que era inocente y que fue “engañado por los subalternos, que le disfrazaron acciones delictivas con operaciones legítimas”.

Las víctimas lo rechazaron de inmediato. Se negaron siquiera a escucharlo, y no era para menos. El oficial, que en ese momento se presentaba como una víctima, fue el primer general activo que cayó capturado por falsos positivos en Colombia. Ya venía de la justicia ordinaria con una acusación bastante avanzada por el asesinato del campesino Daniel Torres y su hijo menor de edad Roque, el 16 de marzo de 2007. Pero su situación judicial iba mucho más allá de estos dos crímenes.

Oficiales y suboficiales que fueron sus subalternos en Casanare también se presentaron ante la JEP y comenzaron a describir con lujo de detalles la responsabilidad de Torres. Estos uniformados admitieron al menos 60 operaciones ilegales contra civiles desarmados y aseguraron que la orden venía de arriba, de quien los “apretaba” por resultados.

“Estamos en guerra, los derechos humanos no existen cuando hay guerra”, le habría dicho Torres al capitán Jaime Alberto Rivera, recién aterrizado en el Gaula Militar de Casanare. Lo regañó por radio y, según confesó Rivera, lo hizo porque se negó a dar de baja a dos personas que acababan de capturar.

Gustavo Montaña, un sargento del mismo grupo antisecuestro, aseguró que Torres llamaba a todo el mundo sin importar el rango, enviaba informantes y exigía bajas. “Si uno le anunciaba que tenía una captura, él respondía: a mí no me sirve una captura, me sirven bajas”, dijo el suboficial ante la JEP.

 No obstante, la declaración más delicada corrió por cuenta del mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Militar de Casanare. Reconoció que realizó más de 60 ejecuciones extrajudiciales, pero en medio de una política de falsos informantes promovida por su superior. Así, por ejemplo, aseguró que Torres le presentó a Wilson Rodríguez Mimísica, un desmovilizado de los paras de Martín Llanos, quien sirvió de fuente para 12 o 15 operaciones ilegales. “Con Mimísica empezó mi tragedia. Ese muchacho llamaba directamente a Torres, y a veces Torres me decía que lo llamara porque tenía personas para nosotros”.

El paquete de pruebas que tiene la JEP es largo y contundente. Por eso, cuando Torres acudió a una segunda versión libre en febrero no le quedó otra posibilidad que cambiar su discurso por otro en el que reconoce su responsabilidad por omisión. “El conflicto mismo y la dinámica por el alto nivel de resultados operacionales requerían haber implementado controles más eficaces para que estas violaciones al derecho internacional humanitario fueran debidamente investigadas, detectadas y reprimidas. En eso se sustenta mi responsabilidad”, confesó.

El general admite que nunca investigaron a fondo las denuncias por los excesos de la tropa, pues creyó que eran producto de una “guerra jurídica” en la que “lo importante era proteger a los hombres que estaban reportando resultados operacionales”. El oficial no delató a nadie y asegura desconocer si otros oficiales del Estado mayor asignados a donde estuvo participaron en estos crímenes.

Torres ha cambiado su discurso, y hoy acepta su culpabilidad por omisión. Pero en realidad aún no ha ganado nada en la JEP. No está claro si el peregrino argumento de una supuesta falta de control sobre sus hombres le alcanzará para convencer a los magistrados de que esa fue toda su responsabilidad en los cientos de crímenes que cometió su brigada. Si esto no ocurre, se arriesga a ir 20 años a la cárcel.