Información de elespectador.com

Dos adultos mayores (uno de 84 años), dos personas en situación de discapacidad y campesinos en su mayoría son algunas de las víctimas de muertes irregulares presentadas como bajas en combate en el departamento de Casanare. De acuerdo con la JEP, entre 2002 y 2008, se presentaron 246 ejecuciones extrajudiciales en este territorio, siendo el año 2007 el más violento con 95 víctimas.

En esta zona tenía jurisdicción la Cuarta División. Específicamente la Décima Sexta Brigada del Ejército, reportó un total de 24.324 bajas en combate, entre enero de 2005 y diciembre de 2008. De esta cifra, la JEP logró contrastar que 7.279 serían muertes cuestionadas, es decir, estamos hablando del 30 % de las bajas de esta unidad. La mayoría de los casos que podrían ser víctimas de falsos positivos están concentrados en los municipios de Aguazul (21,8 %), Yopal (13,7%), y Monterrey (10 %).

Durante 2007, el año más violento (95 en total, casi el doble con el año anterior), el general (r) Henry William Torres Escalante era el comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército. Bajo su comandancia, en ese mismo año, se dio la ejecución de dos jornaleros en Casanare que fueron presentados como bajas en combate por la Brigada XVI. El caso cursó el proceso en la justicia ordinaria y el juzgado 61 administrativo de Bogotá tras confirmar que había sido el teniente Fabián García Céspedes, adscrito a esta brigada, quien ordenó asesinar a Daniel Torres Arciniegas (padre) y Roque Julio Torres (hijo), vestirlos con camuflado y luego simular el combate para hacerlos pasar por insurgentes.

Por la presunta responsabilidad de Torres Escalante en este crimen, el general retirado pidió pista en la JEP y ha asistido a dar su versión de manera voluntaria ante el Tribunal de Paz. Sin embargo, Torres no ha reconocido su responsabilidad en las ejecuciones e insiste en su inocencia.

De las cinco brigadas que conformaron de manera variable la Cuarta División, la Brigada VII y la Brigada XVI concentraron en la mayor cantidad las muertes cuestionadas, para un total de 230 procesos en la Fiscalía, entre 2001 y 2011, por la muerte de 415 personas, dijo el auto de la JEP.

La cadena de mando durante los años más violentos en el Casanare por homicidios que podrían ser víctimas de “falsos positivos” estuvo liderada por el general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, quien llegó de comandante de la Segunda División el 13 de diciembre de 2004 hasta 2l de noviembre de 2007. Por su parte, en la Cuarta División estuvo al frente el general Guillermo Quiñones desde 2006 hasta 2008, años que coinciden con los picos de homicidios cuestionados reportados en este departamento.

El pasado 12 de febrero el general retirado Quiñones rindió versión voluntaria ante la JEP, que indaga sobre 197 posibles “falsos positivos” de la Brigada XVI, que respondía a la Cuarta División que comandaba. En la diligencia que se extendió durante ocho horas, el oficial negó su responsabilidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales bajo su comandancia. Carmen Zuluaga y Raquel Benavides, madres de dos jóvenes asesinados y presentados como bajas en combate, pidieron al militar mayor aporte a la verdad y respeto hacia las víctimas. A Raquel le desaparecieron su hijo, luego lo asesinaron y presentaron como guerrillero. “Le pusieron una pistola en la mano derecha y él era zurdo; le pusieron unas botas talla 40 y él calzaba 38”, relató.

Según la Fiscalía, en el 2006 las unidades a las que se les adjudica mayor número de homicidios cuestionados fueron el Gaula del Ejército en Casanare, el batallón de infantería Nº 44 Ramón Nonato Pérez y el batallón Contraguerrillas Nº. 65 Batalla de Cachín. En el año siguiente, aumentaron considerablemente las investigaciones contra el GACAS y BIRNO, así como la de un cuarto batallón llamado Grupo de Caballería mecanizado Nº 16 (GMDC).

De acuerdo con la información recopilada por la JEP, en Casanare, especialmente por parte de miembros del Grupo GAULA Casanare, se evidencia un patrón de selección de las víctimas en el que los militares hacían uso de informantes o reclutadores que podían ser personas desmovilizadas que contactaran a otros miembros que habían dejado las armas para hacerlos pasar como bajas en combate. Esto, aseguró la JEP, habría sido una estrategia de Enrique Soto Bracamonte, comandante de este Batallón, que consideraba que esto permitiría “dar visos de mayo legalidad en los pasos de falsos positivos”.

Bracamonte le dijo a la JEP que en el Ejército sí exigían cuotas de bajas y que también recibieron por buenos resultados beneficios. También es uno de los oficiales que se ha reiterado a la responsabilidad de Mario Montoya, excomandante del Ejército, por este fenómeno. Dijo que su superior ordenó colocar un tablero en acrílico para llevar las estadísticas y tener el registro del último día en que esa unidad había reportado un muerto. Fue así como se dio una especie de rivalidad por éxitos operacionales entre el Batallón de Infantería Ramón Nonato, con sede en Tauramena, y el Gaula Casanare.

“El general Montoya era una persona muy arbitraria. Siempre lo he dicho con las personas privadas de la libertad. (Montoya) fue lo peor que le pasó al Ejército, porque era un militar que no pensaba, él siempre daba las órdenes arbitrariamente, sin pensar”, agregó el militar.