La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó libertad condicional al exdirector de inteligencia del DAS, Jaime Alexander Romero, quien fue condenado por su participación en falsos positivos y ante el tribunal transicional, de acuerdo con la decisión, entregó detalles valiosos sobre el homicidio del campesino Ernesto Cruz Guevara, quien fue señalado de ser colaborador del ELN y por el que fue condenado.
Los jueces adoptaron esa decisión (y revocaron el fallo de primera instancia) al considerar que ha cumplido más de cinco años de prisión (como ordena la ley), que fue un agente de “facto” del Ejército, y que sus aportes fueron más allá de lo establecido en la justicia ordinaria sobre el crimen de Cruz Guevara, aceptando responsabilidad y detallando la labor del DAS en el encubrimiento del crimen.
Por ejemplo, indicó que la orden del homicidio fue dada por el mayor (r) Alexander Gómez Bernal (condenado por el crimen); excomandante de la Fuerza de Tarea “Oro Negro”) y ejecutada por los soldados, y que, en el informe de operaciones, consciente junto al agente Pedro Sarmiento, falsificaron los hechos para “no sapear” a los militares.
También, indicó que en los vídeos grabados durante la “operación” (y aportados a la JEP) se evidencia la participación de soldados que no han sido señalados, como el sargento Jean Carlo Torres. Es más, el compareciente dijo que los videos fueron aportados como prueba a la Fiscalía, pero no los tuvieron en cuenta diciendo que “no tenían equipos para procesarlos”.
Asimismo, el exjefe de inteligencia mencionó al sargento Zapata de la Sección de Inteligencia directamente de la Brigada 16 del Ejército, expresando que en una llamada le dio a entender que las cosas habían salido mal porque “habían dejado testigos”.
“...reveló que tiempo después de la operación, luego de que habían iniciado las investigaciones en la justicia penal militar, el sargento Zapata del B2 de la Brigada XVI le dijo que la operación había “estado mal”, pues obtuvo información que la víctima había salido viva de la casa y le dio a entender que no debieron dejar testigos”, señala la decisión con base en la confesión de Romero Vargas.
El ex detective asimismo narró que eran llevados a la Brigada sin dejar registro, con el fin de tomarle fotos a las caras de las supuestas “bajas” para proceder a identificarlos como milicianos o informantes de grupos armados “como parte de la estrategia de legalización”.
En relación con los mandos, indicó que la relación entre el general (r) Henry Torres (excomandante de la Brigada 16, e imputado por la JEP) y el director seccional del DAS Orlando Rivas (también imputado) era de una amistad muy cercana y planeaban operaciones juntos.
Adicionalmente, el exjefe de inteligencia del DAS en el Casanare manifestó que solo pocas semanas después de su llegada a la zona notó “cosas raras” en los resultados del Ejército, por ejemplo, encontrando cuerpos en descomposición que no correspondían al tiempo que llevaban muertos.
La Sección por su parte recalcó que los falsos positivos en la zona fueron un patrón institucional, en el marco de un gobierno (Uribe) en el que se privilegiaron las “bajas”.