La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial argumentó tener varias razones válidas para participar hoy 15 de septiembre en una jornada de protesta.

Entre ellas, la problemática de la herramienta de acceso que permite a los servidores obtener sus comprobantes de pago, certificaciones y otros documentos en Línea denominada efinómina, los computadores obsoletos, las fallas de internet, la dispersión de sedes por falta de construcción de edificios judiciales, la falta de permisos para atender y participar en las capacitaciones, la distribución inequitativa de procesos, la falta de protocolos de audiencias, el descuido y la falta de mantenimiento de los edificios, entre otras.

Asonal anunció que participarán todos los afiliados y servidores judiciales en la movilización en los edificios judiciales, lo mismo que en marchas organizadas en cada una de las Seccionales.

El sindicato de la rama judicial sostiene que es imprescindible iniciar una gran conversación nacional con la participación de todos los sectores del país judicial, con el fin de formular una política de Estado que permita que la Justicia tenga real autonomía y se supere esa dependencia presupuestal que sigue condicionada a la buena, nula o inexistente voluntad de los gobiernos de turno para con la Administración de Justicia. Lo más trascendental es que Fiscalía y Judicatura deben cumplir los acuerdos colectivos, en los que se reconocieron derechos a los trabajadores.

El nuevo gobierno ha anunciado que incrementará la planta de personal en unos 4.000 nuevos jueces. Pero según Asonal, “por el momento solo son anuncios, titulares de prensa y no acciones concretas que se encaminen a materializar dicha propuesta”.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, afirmó que las plantas de personal de las altas Cortes están “completas”, pero que se debe dar prioridad a la creación de nuevos juzgados y en especial, juzgados de provincia pues son los que reclama el “ciudadano de pie” para dar respuesta a su demanda de justicia.

Por su parte, el Fiscal General de la Nación presentó un proyecto de ley para que se nombren unos 6.000 nuevos servidores. La lógica de Barbosa es extraña -y no es muy clara- pues desde su posesión como gerente del ente acusador, él era conocedor de las limitaciones en las plantas de personal de la Fiscalía y a pesar de ello, continuó con el acoso laboral y los traslados sanción o traslados injustos. Incluso, Barbosa desaprovechó su cercanía con el expresidente Duque pues bien pudo obtener tales recursos en atención a que las mayorías en el Congreso eran cercanas al anterior gobierno y sin visión, desaprovechó ese momento.

De otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura asegura haberle apostado a la virtualidad en el servicio de justicia, pero no ha hecho sino improvisar en esa materia. Se habla de un empréstito millonario con el Banco Mundial para mejorar la tecnología de los juzgados, pero a Asonal le preocupa que esos recursos se desvíen si continúa la displicencia y la falta de control en esas inversiones.

Es inocultable que los contratos para la digitalización de los expedientes muy a pesar de sus altos costos para la judicatura, no se han ejecutado completamente. No se contrata a entidades o personas conocedoras en la materia y el trabajo final presenta muchas falencias. Desde luego que esa carga pasa a los servidores, los que tienen que desgastarse y culminar una tarea que es ajena. Para colmos, los Tribunales y altas Cortes, en vez de buscar el origen de tales fallas, la emprenden contra las bases pues suelen compulsar copias para investigarlos disciplinariamente. Lo mismo ocurre con la intermitencia de los servicios de Internet en los edificios judiciales y con las plataformas. Pasados dos años en “modo pandemia”, no se ha optimizado tales herramientas y los usuarios reclaman es a los servidores judiciales.

La Organización Sindical reconoce que ha mostrado preferencia por la virtualidad en el entendido que esa es la voluntad de las bases judiciales y ello se debe a que la dinámica de la tecnología alivia las grandes cifras de congestión en la justicia, pero esta fórmula no es válida en un contexto de anormalidad (los equipos son obsoletos y fallan tanto el internet como las plataformas). Es decir, la dinámica se pierde, se retrasa el servicio y se incrementa el estrés en los servidores.

A su vez, acusan al Fiscal General de la Nación de no escuchar y perseguir al sindicato, debido a que se le ha cuestionado y descalificado las prácticas de acoso laboral, las metas impuestas, el traslado inconsulto o castigo, la excesiva carga laboral sin que se realicen los nombramientos de las vacantes, el no respetar las recomendaciones médicas, la falta de elementos de trabajo y el derroche del presupuesto en asuntos suntuarios así como el hecho de desconocer la orden judicial que impone el mérito pues prefiere un concurso “gota a gota” en una especie de fraccionamiento de contratos con el perjuicio económico que ello representa.

En las dos entidades -Fiscalía y Juzgados- también son necesarias unas reglas claras sobre desconexión laboral pues inciden en el buen ambiente de trabajo y es ese afán por mejorar las estadísticas con plantas de personal supremamente limitadas, lo que determina que los gerentes de la justicia no intervengan y no envían un mensaje claro que desautorice estas malas prácticas.

En cuanto a los ingresos, se sabe que este Gobierno viene hablando de una reforma tributaria que incide directamente en la economía de los judiciales, pero se guarda silencio y se sigue aplazando el pago de esa deuda histórica que consiste en el reconocimiento de la bonificación como factor salarial muy a pesar de que sí se tiene en cuenta las deducciones para la liquidación de los aportes en seguridad social e impuestos.

Desde su fundación -más de 46 años-, Asonal Judicial se ha movilizado para visibilizar la problemática de la administración de justicia y para exigir a los distintos gobiernos presupuesto suficiente para poder atender adecuadamente las demandadas del sector. Lo cual ha sido objeto de críticas por parte de quienes desconocen las excesivas limitaciones de la rama judicial, más conocida como "la rama seca del poder público".