La comunidad indígena del Resguardo Chaparral Barronegro asentada en los municipios de Sácama y Támara mediante un comunicado dirigido al  Presidente de la República, Gustavo Petro y otras autoridades del país, denunciaron falta de cumplimiento a las promesas realizadas por el Gobierno Nacional en cuanto al mejoramiento de las vías y exigieron que se desarrolle urgente un Puesto de Mando Unificado Integral.

Las comunidades ancestrales proponen tratar temas de carácter regional tales como el Plan de contingencia para restablecer el tránsito de vehículos y peatonal sobre el Rio Ariporo; plan de contingencia que garantice la ejecución efectiva del proyecto de la Ruta Libertadora, que conecta a Belén con Paz de Ariporo, pasando por Socha, Sácama y La Cabuya, en los departamentos de Boyacá y Casanare, el cual tiene una asignación presupuestal de $322.790 millones, pero según los indígenas no se ve el avance en el desarrollo de la obra; plan de acción para el mantenimiento de la vía terciaria que del municipio de Paz de Ariporo conduce al Degrero atravesando por Teislandia – Resguardo Indígena Barronegro.

Señalan que de no tomarse acciones inmediatas ante el pésimo estado de la vía no contarían con los servicios de atención a la primera infancia de 120 niños y niñas menores de 5 años, madres gestantes y lactantes, así como la no garantía del servicio de alimentación escolar de 154 estudiantes, debido a que no habría garantías de accesibilidad de ingreso al territorio.

Dentro del comunicado indican que no se ha dado cumplimiento a las promesas establecidas con referencia a la reparación colectiva como víctimas directas del conflicto armado.

En la misiva, los pueblos indígenas hacen un inventario cronológico de las situaciones que los han afectado y los incumplimientos.

En al año 2018 la Defensoría del pueblo emitió la alerta Temprana de Inminencia No. 075 para la protección de la población indígena del pueblo U’wa, que habita en el Resguardo Chaparral Barronegro, jurisdicción de los municipios de Sácama y Tamara.

 En diciembre de 2019 mediante Resolución RZE No. 1189 de la Unidad de Restitución de Tierras de Tierras, inició de oficio trámite administrativo del proceso de restitución de derechos territoriales al resguardo Chaparral Barronegro.

En el año 2020 la Defensoría del pueblo, emitió una Alerta Temprana No 050 para los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, así mismo en el año 2021 se emitió Alerta Temprana No. 023 para los municipios de Sácama y La Salina.

En diciembre de 2020 mediante Auto No. 097 de 2020 se dictaron medidas cautelares por parte del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, en favor del Resguardo indígena Chaparral Barronegro.

El día 18 de diciembre de 2018, en el municipio de Pore, se llevó a cabo el Bicentenario de la independencia, evento que se desarrolló con la presencia del presidente de la república Iván Duque y la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, donde se anunció la Ruta Libertadora, que conecta a Belén con Paz de Ariporo, pasando por Socha, Sácama y La Cabuya, en los departamentos de Boyacá y Casanare. En este corredor se invertirían $322.790 millones para pavimentar 121 kilómetros de vía. Las obras generarían 3.370 nuevos empleos y se extenderían hasta diciembre de 2027, adjudicada al Consorcio Vías Nacionales, conformado por Sociedad KMA Constructores, Sicon SAS y Constructora Emma.

El día 8 de octubre de 2022, se anunció por parte de Invías y la alcaldía del municipio de Paz de Ariporo, el paso restringido a vehículos sobre el puente del rio Ariporo, el cual comunica el norte del departamento de Casanare y el departamento de Arauca con la Capital Yopal y centro del país, por tanto, como plan de contingencia la institucionalidad dialogó con las autoridades indígenas del pueblo U’wa y se tomó la decisión de habilitar la vía terciaria que desde Paz de Ariporo atraviesa el resguardo y llega a jurisdicción de Sácama, la cual está en condiciones lamentables, para luego tomar la vía de la ruta “los libertadores” en la cual no se ve la inversión anunciada, situación que por las difíciles condiciones climáticas la movilidad parece cada día ponerse más crítica.

El 11 de octubre de 2022, ante la fractura y posible colapso del puente se declaró restricción total para el traslado de peatones de un lado del rio al otro, y debido a las fuertes crecientes colocando en riesgo la vida de las personas, a pesar que desde años atrás se preveían las consecuencias, pero como suele pasar, los mandatarios no tomaron acciones preventivas y correctivas.

Afirman los indígenas que esto ha generado unas afectaciones económicas, sociales, y de salud a los campesinos, transportadores, indígenas y población en general que requieren comunicación terrestre con el resto del departamento de Casanare y que lo mismo pasa con el transporte por la ruta los libertadores, que comunica el norte del departamento de Casanare con Boyacá, pues no hay muchas garantías de movilidad toda vez que está en pésimas condiciones, sin que a la fecha se vea el avance físico con la inversión del plan Bicentenario de $322.790 millones.

Finalizan la carta al Gobierno Nacional afirmando que hay otros 10 pueblos indígenas del norte del departamento de Casanare que se ven directamente afectados por la restricción de acceso al territorio ancestral, como el pueblo Wamonae, Saliba, Sikuani, Tsiripo, Maiben Masiware, Yaruro, Yamalero, Amorúa, Piapoco y Wuapijiwi.