Desde la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas de Casanare y el municipio de Maní, se ha expresado una profunda inconformidad con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la manera en que se están entregando predios a víctimas del conflicto en la región, sin una planificación adecuada que garantice condiciones dignas. 

Carmen Ibarra, de la mesa de víctimas del conflicto, denunció que esta situación ya se presentó hace un año en Monterrey, donde 170 personas recibieron terrenos sin que hasta el momento se evidencien acciones concretas en materia de vivienda, generación de empleo, educación o saneamiento básico. Ahora, la historia se repite en Maní, dejando a las familias en condiciones precarias. 

"Nos duele el alma saber que ninguna entidad se comprometió a darles una atención inmediata. Estas familias llegaron a un predio con una sola vivienda en mal estado, un solo baño y sin condiciones mínimas para subsistir", señalaron desde la mesa departamental. 

Además, criticaron la falta de articulación entre la ANT y las administraciones locales. "Ni la alcaldía, ni la personería, ni la mesa de víctimas fueron notificadas de la llegada de estas familias. Ahora todos se pasan la responsabilidad y nadie responde por su bienestar", afirmaron. 

Los líderes hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Unidad para las Víctimas y a organismos internacionales para que intervengan y garanticen condiciones dignas para quienes fueron trasladados a estos predios. También solicitaron que se incluya a todas las víctimas de Casanare en los procesos de entrega de tierras y que estas sean adquiridas en zonas aptas y no en terrenos inundables. 

Finalmente, reiteraron que no están en contra de las familias beneficiadas, sino de la forma en que se están ejecutando estas acciones sin garantizar soluciones reales para la población víctima en el departamento.