La cárcel de mediana seguridad La Guafilla, en Yopal, alberga actualmente a 1.008 personas privadas de la libertad, cifra que supera el límite establecido de 950 internos. Aunque no se presenta hacinamiento grave, el crecimiento constante de la población carcelaria ha encendido las alertas sobre el costo económico que representa para el Estado y los entes territoriales.

El capitán Edgar Merchán, director del centro penitenciario, explicó que este aumento obedece al cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena recibir a todos los condenados, incluso si su sentencia aún no está en firme. Esta medida ha obligado al Inpec a redistribuir personas condenadas a lo largo del país, incluyendo Casanare.

Uno de los puntos más delicados es el alto costo de manutención por preso, que incluye alimentación, atención médica, servicios básicos y elementos de higiene. La ley 65 de 1993 establece que los sindicados son responsabilidad directa de las alcaldías y gobernaciones, las cuales deben proveer recursos o firmar convenios con el Inpec para cubrir estos gastos. Sin embargo, muchos municipios de Casanare no cuentan con convenios vigentes, lo que deja la carga sobre el sistema penitenciario nacional.

“La preocupación es real. Ya estamos al límite y si no se firman los convenios, no podremos recibir más sindicados. La alimentación y el bienestar de estas personas tienen un costo significativo que no podemos cubrir solos”, advirtió el capitán Merchán.

Actualmente, solo cuatro municipios de la jurisdicción de La Guafilla (Villanueva, Tauramena, Maní y Sabanalarga) tienen acuerdos activos. Mientras tanto, otras alcaldías aún no han destinado recursos ni han iniciado los trámites, pese a las advertencias del Ministerio de Justicia de que dejará de asumir algunos costos a partir del 1 de julio de 2025.

Las mesas de trabajo entre la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las alcaldías buscan una solución ante lo que podría convertirse en una crisis financiera y operativa para el sistema penitenciario regional si no se garantizan los fondos necesarios para la atención de los presos.

El director también confirmó que se vienen gestionando traslados de al menos 21 internos a otras cárceles del país, en un intento por descongestionar el penal, mientras se habilitan más espacios y camas para los nuevos ingresos.