La Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de 15 militares, que están procesados como presuntos responsables de la muerte de cinco civiles registrados como integrantes de autodefensas abatidos en combate en jurisdicción del municipio de Monterrey (Casanare).

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 25 de mayo de 2005 en el sitio El Placer, vereda El Porvenir del citado municipio, donde tropas del Batallón de Infantería No.4, Ramón Nonato Pérez, informaron sobre el presunto choque armado al término del cual les fueron hallados a los abatidos paramilitares un fusil, una pistola, y nueve granadas M26.

Adelantada la instrucción se estableció que no existió encuentro armado, que las víctimas eran campesinos y que las armas reportadas fueron puestas por los agresores.
En la ilícita acción fueron muertas las siguientes personas: Misael Álvarez Guerrero, sus nietos Yuber Armando Contreras Álvarez y Berney Guerrero Bohórquez, y los empleados de su finca Nelson Enrique Arias Ramírez e Hilda Blanca Cruz Montejo.

De acuerdo con los testimonios recaudados, entre otras pruebas, las víctimas fueron retenidas por los uniformados que las obligaron a vestir prendas de uso militar, y las condujeron desde la finca de Álvarez Guerrero hasta el lugar donde fueron ultimadas.

El fiscal a cargo del proceso consideró procedente acusar a: Haizer Etiel Meléndez Malagón, teniente, y los soldados profesionales Didier Calderón Rodríguez, José Humberto Barrera Lizarazo, Jairo Oros Morales, Luis Ángel Mancipe Peroza, Melquis Edisson Ortiz Bosa, Eider Manuel Martínez Vásquez, Tito Alexander González Avella, Rutbel Chavita Tumay, Jorge Eliécer Hernández Camargo y Luis Eduardo Daza, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida múltiple, en concurso con desaparición forzada, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tortura, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Así mismo, los soldados Ricardo Pérez Garzón, Rodrigo Osuna Rivero, César Augusto Martínez Arias, y Juan Alberto Murillo fueron acusados por haber incurrido, presumiblemente, el delito de homicidio en persona protegida.