Veinticinco exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP comparecieron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP para rendir versión sobre desapariciones forzadas, homicidios, masacres, atentados y tomas guerrilleras que impactaron a la población civil, así como por otros crímenes no amnistiables cometidos en el marco del conflicto armado.

Durante ocho días de audiencia en Bogotá, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, la magistratura examinó en detalle las responsabilidades individuales y colectivas de exintegrantes de los frentes 1.º, 7.º, 10.º, 16, 26, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 56, 62 o del Frente Combatientes del Yarí, así como del Frente Acacio Medina, las Milicias Felipe Rincón y la Columna Móvil Alfonso Castellanos. También se profundizó sobre cómo ejercieron control social y territorial en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Meta, Vichada y Vaupés y cómo se expandieron durante la Zona de Distensión en 2000 y 2002. 

Entre los comparecientes que rindieron versión estuvieron Rafael Antonio Vargas, conocido como ‘Gonzalo Porras’. Integró el Frente 45, que operó en Arauca y norte de Boyacá. También estuvo Nelson Quintero, conocido como ‘Arcesio Angarilla’, del Frente 38, que operó en el occidente de Boyacá y Casanare.

Asimismo, compareció Germán Balanta Casallas, conocido como ‘Jairo López’, del Frente 31, que operó en el Occidente del Meta y del Frente 7, que operó en Guaviare. También estuvo Ferley Garzón Vargas, conocido como ‘Arbey’ o ‘Repollo’, y quien integró el Frente 27, que operó en el occidente del Meta; y Jaime Vásquez Calderón, conocido como ‘Arquímedes’, quien perteneció también al Frente 27. 

Durante las audiencias también respondieron a preguntas de la magistratura Álvaro Guaza Carabalí, conocido como Kunta Kinte, y quien hizo parte del Frente Combatientes del Yarí; y Rodolfo Restrepo, conocido como ‘Víctor Tirado’, del mismo frente. Ambos operaron en las sábanas del Yarí, entre el Meta y Caquetá, lugar donde estaba el campamento de Víctor Julio Suárez, conocido como ‘Jorge Briceño’ (†), y quien fue el comandante del Bloque Oriental. 

 En representación de las Farc-EP, varios comparecientes reconocieron su responsabilidad por la toma de la Estación de Policía y del batallón del Ejército en Miraflores, Guaviare, en agosto de 1998. Durante esta incursión fueron secuestrados 129 uniformados, asesinados 12 civiles, se produjo desplazamiento forzado de la población y se generaron múltiples afectaciones a la comunidad. Para explicar cómo se desarrolló el ataque, los comparecientes utilizaron un mapa con el que ilustraron aspectos claves del recorrido realizado durante la toma. 

En la audiencia, los comparecientes también reconocieron su participación en la toma de Mitú, Vaupés, en agosto de 1998. Secuestraron a 61 uniformados, asesinaron a 16 policías, 24 militares y 12 civiles. Los firmantes de paz utilizaron una maqueta para ilustrar los hechos. También reconocieron el daño y las afectaciones causadas a las víctimas y a la comunidad. Asimismo, hablaron de las múltiples tomas guerrilleras a Cravo Norte, Arauca, entre 1998 y 2000. En la última quedaron varios heridos, entre ellos, varios menores de edad. 

Además, los comparecientes del antiguo Bloque Oriental rindieron versión por el caballo bomba que hicieron explotar en el municipio de Chita, Boyacá, el 10 de septiembre de 2003. Tras el estallido, ocho personas murieron, entre ellas un niño de dos años, y el concejal Guillermo Puentes Blanco. Al menos 30 personas más resultaron heridas y tres casas quedaron destruidas por completo. 

 Los comparecientes, que también hablaron de varas desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, fueron convocados por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10 de la JEP. En este se investigan crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP, los cuales son tan graves que no pueden recibir perdón judicial y deben ser investigados, juzgados y sancionados. 

Las versiones se realizan bajo reserva para proteger la intimidad de las 83 víctimas que participan en el proceso. Algunas de ellas, a través de sus abogados, formularon preguntas de seguimiento, ya que pudieron escuchar en tiempo real, de manera virtual, a los comparecientes de las Farc-EP. 

La magistratura enfatizó en que la JEP espera de los comparecientes aportes a la verdad completos, detallados y exhaustivos.

Las primeras versiones voluntarias de integrantes del Bloque Oriental se realizaron en junio pasado, cuando 14 excombatientes rindieron versión ante la JEP por hechos como atentados, masacres y detonaciones de explosivos ocurridos en Bogotá y Cundinamarca.

¿Qué sigue en el proceso?

Las versiones de los comparecientes serán trasladadas a las víctimas. Ellas serán convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad a audiencias en las que podrán hacer observaciones sobre lo dicho por los comparecientes de las Farc-EP.  

Después, la sala contrastará las versiones de los comparecientes, las observaciones de las víctimas, los informes de la sociedad civil, las investigaciones de la Fiscalía, entre otros. De esta manera avanzará la investigación en estas regiones del país para decidir quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos y el daño que causaron a las víctimas, sus comunidades y sus territorios.