El Tribunal Administrativo de Casanare profirió una decisión que pone bajo la lupa la forma en que se ejecutaron millonarios recursos del Sistema General de Regalías (SGR) a través del convenio suscrito entre el Municipio de Yopal y la Asociación de Municipios para el Progreso (ASOSUPRO).

El proceso, promovido por el ciudadano Jorge Leonardo Infante Tovar, alegó que el Convenio 1001.84.1668 de 2022, firmado durante la administración de Luis Eduardo Castro, permitió que ASOSUPRO contratara la ejecución de proyectos de inversión sin que se recaudaran las estampillas pro cultura, adulto mayor, pro deporte y fondo de seguridad, afectando directamente los programas sociales que dependen de esos recursos.

Según la sentencia, el Ministerio Público advirtió que la Alcaldía transfirió funciones y recursos públicos a una entidad externa sin demostrar su idoneidad ni experiencia, configurando un “contrato de administración de recursos públicos disfrazado de convenio de cooperación”. Además, se evidenció que ASOSUPRO no contaba con soporte jurídico ni técnico suficiente para manejar los proyectos, varios de los cuales quedaron suspendidos o sin culminar.

El Tribunal resaltó que los funcionarios de la época en la Secretaría de Planeación intentaron justificar el convenio argumentando que podía firmarse sin licitación previa, pero el fallo dejó claro que esa figura no era aplicable al caso y que se vulneraron normas de contratación pública al evadir los procesos de selección y control que exige la ley.

La Procuraduría Judicial 53 fue enfática en señalar que se vulneró la moralidad administrativa y el patrimonio público al omitir el cobro de tributos locales y permitir la subcontratación indiscriminada de proyectos por parte de ASOSUPRO.

De los 18 proyectos mencionados por el Departamento Nacional de Planeación, 15 pertenecían a Yopal, con una inversión superior a $50 mil millones, pero con un avance físico y financiero inferior al 53%.

El fallo también recuerda que ni el DNP, ni la interventoría, ni el municipio tomaron medidas correctivas a tiempo. “Se dejó de cobrar lo que por ley debía entrar al fisco municipal”, advierte el documento judicial.

Esta decisión deja al descubierto un modelo de gestión que desvió la administración de los recursos públicos y afectó los programas sociales del municipio. Hoy la pregunta que se hace la ciudadanía es dónde estaban los funcionarios encargados del control y la supervisión y quién responderá por el dinero que no ingresó a las finanzas de Yopal.

Órdenes impartidas por el Tribunal

El fallo dispone remitir copia de la decisión a la Contraloría Departamental de Casanare, a la Procuraduría General de la Nación y al Departamento Nacional de Planeación, para que se adelanten las investigaciones correspondientes sobre el manejo de los recursos y la omisión en el cobro de las estampillas. Además, insta al Municipio de Yopal a adoptar medidas que garanticen la transparencia y el cumplimiento de la normatividad tributaria en los futuros convenios de cooperación y contratación de proyectos de inversión.