La crisis por el suministro de gas en Casanare llegó a un punto crítico este viernes, luego de que el Puesto de Mando Unificado (PMU) decidiera levantarse de la mesa ante la falta de respuestas concretas del Gobierno Nacional. Según los voceros, tras siete reuniones previas, las entidades del nivel central no cumplieron los compromisos y ni siquiera asistieron presencialmente a la sesión final en Aguazul, lo que generó molestia entre autoridades locales, gremios y comunidades. La preocupación principal es el riesgo inminente para más de 10.818 familias de la zona norte del departamento que podrían quedarse sin servicio de gas a partir del 1 de diciembre.

Los municipios más afectados serían Trinidad, Paz de Ariporo, Orocué, San Luis de Palenque, y varias veredas de Yopal y Aguazul. La gerente de Enerca  Nubia Castro, explicó que, aunque la molécula para la demanda esencial está disponible, el transporte del gas depende del gaseoducto de Perenco, empresa que podría suspender operaciones si no se le garantiza la molécula necesaria para su actividad industrial. En paralelo, 818 familias que reciben gas social gratuito de Perenco también quedarían sin servicio, al no existir condiciones para mantener ese suministro.

Los alcaldes presentes denunciaron la falta de voluntad del Gobierno para garantizar contratos “en firme” que aseguren continuidad en el suministro, evitando interrupciones mensuales que afectan los precios y ponen en riesgo la operación. La alcaldesa de Trinidad recordó que solo su municipio tiene 3.385 familias formalizadas que dependen del gas domiciliario, además de internados, colegios y hogares con adultos mayores, subrayando que es “injusto que un departamento productor de gas tenga que mendigar una molécula”.

El sector transportador también se declaró en crisis. Representantes del gremio señalaron que más de 14.000 vehículos dependen del gas vehicular en Casanare y Meta, y denunciaron que mientras el país reconoce la región como productora, el precio local del combustible es hasta un 60% más alto que el de ciudades como Bogotá. “No hay seguridad energética”, afirmaron, insistiendo en que el Gobierno no ha dado garantías reales, pues la propuesta de contratos interrumpibles no soluciona el problema de fondo.

Frente a la falta de soluciones, los integrantes del PMU anunciaron que evaluarán acciones contundentes en las próximas horas, sin descartar movilizaciones. Voceros del Meta también advirtieron que, si no hay respuesta inmediata, están dispuestos a “cerrar la llave” como medida de presión. La exigencia conjunta es clara: una tarifa diferencial, suministro continuo y garantías escritas que permitan evitar que más de 40.000 personas en la región queden sin el servicio, a pesar de vivir sobre uno de los principales yacimientos de gas del país.