“La ley que da vida a las zonas de interés de desarrollo rural sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en el departamento de Casanare, profundiza el pésimo modelo agrario en Colombia”.

Así lo señaló el senador Jorge Robledo (Polo Democrático), quién recordó que su colectiva siempre ha defendido –dentro y fuera del Congreso- un modelo de producción agrícola, donde los campesinos y los empresarios tengan protagonismo. Sin embargo, la ley, despoja a los campesinos de sus derechos”, comentó.

Para quienes en adelante –quieran organizar una Zidres, no sólo se enfrentarán a una excesiva tramitomanía –indicó el legislador- sino que deberán estar armonizados con los planes del POT, PBOT y EOT, sino además con criterios de ordenamiento productivo y social de la propiedad, definidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra).

La ley, también edifica un esquema de viabilidad administrativa, financiera, jurídica y de sostenibilidad ambiental, al tiempo que moldea un sistema de compra de la totalidad de la producción a precios de mercado de todo el ciclo del proyecto.

Los créditos que se entregarán en adelante, serán administrados a través de fiducias, acompañados de mecanismos de trasparencia. “de acuerdo con la ley sancionada por el presidente Santos en el departamento del Casanare, podrán ser Zidres las zonas de aptitud agropecuaria, en el área rural dispersa, que demandan elevados costos de adaptación productiva, con baja densidad poblacional y altos índices -de pobreza, con carencia de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos –que por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción agrícola familiar.

En uno de los apartes de la Ley, “el gobierno apunta a que las Zidres, promuevan la inclusión de los trabajadores agrarios, se aumente la productividad y se promueva el desarrollo social y económico”, que en opinión del senador Robledo no es más que un catálogo de buenas intenciones.

“No creo que la ley, sea tan beneficiosa como dice el gobierno. En el escenario hay una incertidumbre jurídica en tono a la propiedad de la tierra en Colombia, que esta iniciativa en vez de aclarar, deja más preguntas que respuestas”, recalcó el senador Robledo.

De acuerdo con la Ley, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y el Ministerio de Agricultura, definirán las Zidres. “La delimitación de cada zona y el plan de inversiones privadas y públicas para desarrollarla deberán estar consignados en un documentos Copes”.

Desde este viernes, el desafío es inmenso para el país. La razón de 22 millones de hectáreas consideradas aptas para el desarrollo agrícola y agroindustrial, solo se usa productivamente el 24 por ciento. En contraste, países como estados Unidos y la Unión Europea utilizan el 927 por ciento de sus tierras aptas.

Desde el Congreso -en la bancada de oposición- la lectura es que si el Gobierno logró en el año 2015, contra viento y manera, sacar adelante este nuevo modelo de desarrollo rural, lo peor que puede pasar desde el mes de febrero, es que la ley se quede en el papel. Todo por cuenta del reto y la oportunidad que significa la construcción del posconflicto en departamentos como Bolívar, Nariño, Cauca, Cundinamarca, Meta, Sucre, Tolima, Huila, Amazonas, Casanare y la misma ciudad de Bogotá –zona rural-.