Un año después de entrar en vigencia la Ley 1530 de 2012 la Contraloría General de la República hizo un análisis del Sistema General de Regalías, determinando que hay graves deficiencias en la implementación de la misma, la ejecución del sistema es demasiado baja y hay una evidente represión de recursos.

Las cifras son desalentadoras, los $1,54 billones producto del mayor recaudo, han permanecido durante seis meses represados en las cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el nivel de giros está en el 42,26% del total de los recursos recaudados, y su ejecución en proyectos aprobados es de 39,59%, con corte a mayo de 2013.

Para el ente que ejerce la vigilancia y control fiscal, la ejecución del sistema es demasiado baja si se tiene en cuenta que los recursos de regalías buscan "mejorar las condiciones sociales de la población", en especial de la más pobre y vulnerable, por esto los recursos deben estar en manos de los ejecutores cumpliendo con los objetivos de los proyectos de inversión formulados y aprobados.

La Contraloría recuerda en el informe que a través de una función de advertencia de agosto de 2012, indicó sobre la alta probabilidad del represamiento de recursos de regalías situación que se ha hecho evidente hasta mayo de 2013.

El análisis de la CGR está enmarcado dentro del concepto de "vigilancia en tiempo real", mediante el especial seguimiento que ha venido realizando a los avances y el modo como está siendo implementado el Sistema, con respecto a la situación financiera, cierre fiscal y el cierre del presupuesto de la vigencia del 2012.

Proyectos aprobados con graves falencias

Para la Contraloría, lo primero que genera incertidumbre es el fortalecimiento institucional de los entes territoriales, donde en diferentes casos se observaron proyectos aprobados con graves falencias en los cierres financieros que no los harían sostenibles, advirtiendo que a través de la historia se ha demostrado que terminan convirtiéndose en obras inconclusas y "elefantes blancos".

Al revisar con detalle proyectos específicos que han sido viabilizados y aprobados por las secretarías técnicas de los OCAD, ejercidas por los secretarías de planeación de los departamentos y municipios de todo el territorio nacional, se concluyó que existe una falta de conocimiento vinculado a los procedimientos que deben desarrollarse para el correcto diligenciamiento y cumplimiento de los requisitos de los proyectos de inversión.

En otros casos, la información técnica no tiene el suficiente detalle que permita tomar decisiones apropiadas o no coincide con la fase en la cual se aprueba el proyecto, creando vacíos de alto riesgo para los recursos vinculados a la inversión correspondiente.

Además, se observaron proyectos turísticos que ocupan la mayor parte de los recursos asignados en departamentos donde la mayoría de sus municipios tienen niveles de necesidades básicas insatisfechas inferiores al promedio del país, también proyectos de sectores que ya están financiados con otros rubros del presupuesto nacional, o proyectos cuya población beneficiaria no es relevante frente al total de la población desatendida.

Hay que ajustar y corregir a tiempo

La Contraloría evidenció graves deficiencias en la implementación de la Ley 1530 de 2012 debido fundamentalmente a la ausencia de una transicionalidad entre el régimen antiguo y el nuevo SGR, el desbordamiento de las funciones asignadas a algunas entidades y las debilidades en la capacidad técnica de los funcionarios encargados de verificar, viabilizar y aprobar los proyectos.

La implementación de esta Ley a un año de su entrada en vigencia, requiere una reflexión profunda que permita redefinir, ajustar y corregir a tiempo factores que han venido obstaculizando el cumplimiento de sus verdaderos objetivos.

Por otro lado se observó, que en total por regalías existen recursos en el sistema financiero colombiano, entre represados y ahorrados por $11,76 billones con corte a mayo de 2013, equivalentes a un poco más de una vigencia del presupuesto de regalías: $6,04 billones en las cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, $1,87 billones en las cuentas bancarias de los entes territoriales, $1,72 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización y $2,14 billones del Fondo Nacional de Regalías en liquidación.

Es así, como en los fondos de inversión (FDR, FCR, FCTEI, AD) lo ejecutado realmente es de 0,86% con corte a mayo de 2013, visto cómo los recursos que efectivamente entraron a la economía territorial y generaron un beneficio social directo, con la puesta en uso de bienes y servicios, se calculó como los recursos que fueron invertidos en proyectos cien por ciento finalizados, frente a los recursos disponibles en el presupuesto con corte a mayo 2013.La Contraloría dice que desde el punto de vista contable los recursos de regalías están impulsando el superávit fiscal de los entes regionales, locales y de tesorería del Gobierno Nacional Central.

En este análisis se concluyó que para el caso de la industria extractiva minera, los sistemas de información del Estado asociados a su condición de fiscalizador y regulador han sido precarios, y la información de acceso público no es consecuente con la realidad, igualmente, la calidad y la transparencia de la información asociada tanto a los flujos financieros como a los procesos productivos, operativos y ambientales de las empresas operadoras están inexplicablemente ausentes, reportó el ente de control.

El panorama que se describe en la generación de ingresos por hidrocarburos y minerales, presenta dificultades coyunturales y estructurales, que según la Contraloría en el mediano y largo plazo pueden impactar las finanzas de los entes territoriales los cuales tienen una alta dependencia en los ingresos por regalías para su desarrollo.

"A pesar de todo, la Nación y el Estado colombiano están a tiempo de corregir el rumbo. El potencial minero energético del país es enorme. La riqueza de recursos renovables también. El entorno económico nacional e internacional para estos mercados es el más favorable. El turno es ahora para optar por mecanismos que garanticen una eficaz fiscalización de los recursos, faciliten la inversión, controlen los procesos, sean sostenibles socio ambientalmente y se propenda por un seguimiento racional a todo el ciclo de las Regalías para así evitar los errores de un pasado todavía cercano. La Contraloría hará su gestión. El desafío gubernamental es enorme", puntualizó la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico.