Durante la clausura del Congreso de la Asociación Colombiana del Petróleo cuya impronta este año era “Trabajando juntos por un mejor futuro”, el Presidente Ejecutivo de la ACP Francisco José Lloreda, se refirió a temas definitivos para las regiones y el futuro de la industria, como las Consultas Populares y el replanteamiento urgente del actual sistema general de regalías.

Los planteamientos del Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, sintetizan bien el momento actual del sector y sus expectativas frente a regiones productoras. Reproducimos parte del discurso de Lloreda.

“Me referiré ahora a un tema de la mayor preocupación y alrededor del cual gravita el futuro de la industria petrolera en Colombia: la seguridad jurídica. Uno de los activos más importante con que ha contado el país, convertido en amenaza. Al referirme a seguridad jurídica, no hago alusión solo a la incertidumbre coyuntural propia de las consultas populares, tema que trataré en mayor profundidad. Me refiero a contar con reglas claras y estables, en todo sentido, a la aplicación objetiva de la ley, y una mayor presencia institucional para hacer valer los derechos y deberes de los ciudadanos.

Las consultas populares y vías de hecho -con o sin violencia- tienen en vilo al sector. El sector no está opuesto a los mecanismos de participación o a la protesta. ¡A lo que nos oponemos es a la indefinición sobre el alcance de las consultas, más existiendo otros mecanismos de participación ciudadana, y a protestas sociales que transgreden la ley!.

Las 32 consultas en curso tienen en riesgo 155,000 barriles -18% de la producción diaria- y 37% de la exploración. ¡No quiero ni pensar qué sucederá el próximo año si no se le pone orden a esta situación!. Si los hidrocarburos son del Estado y de éste son parte las regiones no se entiende que un municipio o departamento, corrijo, algunas personas en esas entidades territoriales –y lo digo con respeto por las autoridades y sus habitantes- pueda decidir sobre un recurso del que es copropietario y no su dueño absoluto. Más tratándose de un bien público sobre el que esa entidad regional no puede asumir los costos que causa al resto del país si se le priva de usar ese recurso.

Los yacimientos de petróleo y gas no distinguen o coinciden con las divisiones político administrativas; tampoco se pueden mover: están donde están. Y no es indiferente el lugar donde se adelanta la sísmica, un pozo exploratorio o de producción: es donde es. Por eso, y por tratarse de un bien propiedad de todos los colombianos y estratégico para nuestro país, la decisión de su desarrollo debe corresponder a la Nación en nombre del Estado. Esa fue por décadas la interpretación de la Corte Constitucional.

Lo digo, no porque considere que las regiones productoras no deban tener voz en lo que ocurre en el territorio ni tampoco porque crea que la participación ciudadana sea contraproducente. Lo señalo por las característica particulares del recurso y porque debemos pensar en el resto de colombianos cuya calidad de vida depende de contar o no con recursos de inversión que está en capacidad de aportar la industria: en Chocó, en la Guajira, en la Costa Pacífica Nariñense, o de miles de habitantes en la Orinoquía.

Es urgente precisar las competencias de la Nación y de las de las regiones respecto de los recursos del subsuelo. Precisar qué le corresponde decidir a la Nación y qué a los departamentos y municipios, y en caso de diferencias sustanciales, en las que esté realmente en riesgo la biodiversidad y el recurso hídrico por cuenta de la actividad, tener mecanismos institucionales que nos permitan, de manera constructiva, lograr entendimientos. Pero con sustento técnico y no demagogia, como en ocasiones ocurre.

En vez de avanzar hacia un marco de competencias claro, se ha tornado más complejo. Hay múltiples instrumentos de planificación y mecanismos de participación. Además de las instancias propias del proceso de licenciamiento ambiental, la consulta previa y las consultas populares, se proyecta una ley de participación ciudadana, derivada de los Acuerdos de La Habana. Confiamos que en ese proceso no pisen las “líneas rojas”, lo terminaría afectando la inversión privada e incluso, el actual el modelo económico.

Debo detenerme en un tema ligado al anterior: la protesta social. Esta industria no se opone a la protesta, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. ¡Esta industria se opone a la violencia y la vulneración de sus derechos cuando se protesta! Los derechos de quien protesta y de quien no lo hace, merecen igual protección. Por eso preocupa que se pretenda derogar la obstrucción de vías como delito e insista en dar más garantías a quien protesta recurriendo a las vías de hecho, y en detrimento de las de los demás.

Estos avances y desafíos de la industria se presentan en un momento de discusión interna por el proceso de paz, la protección del ambiente, el sistema de regalías, y la “despetrolización” de la economía. Examinemos brevemente estos cuatro aspectos.

En el Congreso anterior identificamos oportunidades y desafíos en el proceso de paz. Resaltamos la trascendencia histórica de desarmar a las FARC y de llevar desarrollo e institucionalidad a las áreas rurales más apartadas. E indicamos cinco desafíos en el marco de los Acuerdos: (i) Ordenar el uso del suelo y el subsuelo; (ii) Organizar los mecanismos de participación; (iii) Definir el alcance de la protesta social; (iv) Agilizar la llegada del Estado al territorio, y; (v) “Mano tendida y pulso firme” con el ELN.

Me he referido a algunos de estos desafíos previamente, señal que continúan siendo prioridad para la industria. Me referiré a la llegada del Estado al territorio y al ELN. Aplaudimos la iniciativa de Obras por Impuestos con que se busca canalizar de manera expedita y estratégica recursos hacia zonas previamente azotadas por la violencia. La industria de hidrocarburos ve en éste y otros mecanismos -los PDET y Contratos Paz- oportunidades de articulación de esfuerzos públicos y privados en el postconflicto.

Inquieta sí, el desafío que tiene el Estado en copar los espacios que dejan los violentos, con seguridad, orden y justicia. Sin éstos, la iniciativa privada, que es la que puede darle un vuelco a las regiones con mayor violencia, no llegará o lo hará a cuenta gotas. Sobre al cese al fuego con el ELN desde la industria se registra como positivo; al igual que muchos colombianos lo apreciamos como una señal de interés de esa guerrilla de querer llegar un acuerdo de paz. Ojalá el Gobierno Nacional y ese grupo reconsideren la premisa de que durante el actual periodo presidencial no habrá acuerdo y al igual que con las FARC, haya claridad de que la política petrolera y ambiental no se negocia.

Un segundo aspecto de coyuntura, es precisamente el ambiental. En vez de aplacarse, la discusión sobre la compatibilidad de la industria y el ambiente se ha acrecentado, al punto que es un tema central de las consultas populares, con o sin sustento. Al país se le ha planteado un falso dilema: escoger entre agua y petróleo, petróleo o agricultura. Lo que ha generado confusión entre la ciudadanía y su aprovechamiento político.

Contrario a lo que algunos señalan nuestra industria comparte la preocupación por el cambio climático pese a ser de las que menos contribuye en el país con emisiones de Gases de Efecto Invernadero: 7% del total en un país que aporta un 0.4% del global. No se trata de comparar o hacer alarde de que el sector usa sólo el 1.6% de recurso hídrico o que es el único que destina un porcentaje del valor de sus proyectos a inversión ambiental. Se trata de hablar con la verdad y que no se engañe a la gente. Y en los casos en que existan inquietudes genuinas, que las hay, procurar disiparlas.

Un tercer tema, de particular importancia, es el sistema de regalías. Las regalías no son la única explicación al malestar en las regiones productoras, pero es central. Sobre ello hemos insistido desde hace años y lo hacemos de nuevo: ¡Es necesario reformar el actual sistema general de regalías si queremos que haya más producción de petróleo y gas en Colombia! Las regiones petroleras reclaman con razón un sistema de regalías más justo y equitativo, más efectivo en su ejecución, y blindado contra la corrupción.

La reducción en recursos de regalías coincidió además con la crisis internacional de precios; al tiempo que los departamentos y municipios dejaban de recibir el 80% de las regalías para recibir el 20%, la actividad petrolera en las regiones se contrajo por la crisis. Con ello, la contratación laboral y de bienes y servicios y la inversión social. Lo que no se contrajo fueron las expectativas de las autoridades y de las comunidades, que han tomado tiempo en entender lo sucedido, y que las empresas no son Gobierno.

Es cierto y aquí se ha dicho y lo planteó el Presidente del Consejo Directivo y algunos conferencistas y panelistas, que debemos revisar nuestro entendimiento del territorio, pensando en cómo aportar a su desarrollo de manera estratégica y en ocasiones, hacer las veces de Estado. Pero tiene un límite. Podemos pararnos en las pestañas que jamás lo vamos a poder reemplazar ni debemos hacerlo. Sería cómodo para el Estado pero, por esa vía, no tendremos la institucionalidad y progreso que requieren las regiones.

El cuarto tema, es el de la “despetrolización” de la economía. Esta industria representa el 6% del PIB, es decir, nuestra economía está bastante diversificada. Pero tiene una capacidad inigualable de aportarle recursos de inversión a nuestro país, de asegurarle sostenibilidad fiscal y de apalancar su crecimiento y desarrollo. Pregunto: ¿Con qué la vamos a reemplazar? ¿Con más impuestos? Una nueva economía sin una industria petrolera robusta raya con lo irresponsable: sería amputarle una pierna al país. Más en momentos en que la expectativa de las regiones crece por el posconflicto y el país aún no sabe cómo enfrentará la bomba de tiempo pensional, entre otros problemas.

No me entiendan mal. No pretendo decir que sin la industria petrolera se acaba el país porque no es así. Y por favor no aprecien estas palabras como pretensiosas. Colombia necesita de sus distintos sectores económicos y sí, durante la bonanza petrolera, por razones de tasa de cambio y en algunos casos –admitámoslo- por ineficiencias, varios sectores se vieron lastimados. Sectores claves para nuestro país. Pero el objetivo no puede ser que unos crezcan a expensas -en sustitución- de otros. ¡Que crezcan todos!.