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Consejo de Estado mantuvo suspensión sobre la regulación del fracking pero decisión de fondo no se ha tomado

 

Con informacióin de Eltiempo.com


Tras una intensa discusión que se dio en la sala plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado este martes, esa corporación mantuvo las medidas cautelares con las que suspendió en noviembre pasado las normas que regulan el 'fracking' en Colombia.

La decisión de noviembre pasado decretó medidas cautelares que suspendieron provisionalmente los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado 'fracking' o estimulación hidráulica (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014).

Frente a esa suspensión el Gobierno había presentado un recurso de súplica, pidiendo que se levantaran las medidas cautelares.

Inicialmente, la discusión estuvo programada para el jueves 29 de agosto, pero fue aplazada para este martes 10 de septiembre, cuando el Consejo de Estado decidió mantener vigente la suspensión.

El consejero Martín Bermúdez fue el ponente en este proceso, y les presentó a sus compañeros de sala una ponencia para ser discutida.

Aunque la suspensión sobre la regulación del fracking se mantiene, la decisión de fondo sobre el asunto tomará más tiempo.

Esto porque en el Consejo de Estado, también en la Sección Tercera, está una demanda contra las normas que regulan esta técnica, que consiste en inyectar en el suelo grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar rocas a varios kilómetros de profundidad y hacer fluir hidrocarburos.

El recurso, presentado por el abogado Esteban Lagos González, pidió la nulidad del decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014 pues, según él, no incluyeron medidas de precaución a pesar de que, manifestó, el fracking es “una actividad con demostrados efectos adversos, graves e irreversibles sobre el medioambiente y la salud humana”.

Resolver de fondo esa demanda le correspondió, por reparto, al consejero Ramiro Pazos, quien dentro del estudio del caso decretó la práctica de varias pruebas, algunas de las cuales ya se han recabado, aunque faltan más.

Entre las pruebas que faltan está la recolección de diversos testimonios y un dictamen pericial que el Consejo de Estado le encargó a la Universidad Nacional sobre posibles riesgos y beneficios del fracking.

El magistrado Pazos dijo que el compromiso es terminar de practicar las pruebas en lo que resta del año "y el fallo de fondo se produciría en el primer semestre del próximo año. Como el proceso fue calificado como 'proceso de alto impacto', se le está imprimiendo celeridad", indicó.

 

Pronunciamiento de la Asociación Colombiana del Petróleo

“Frente a la decisión del Consejo de Estado que ratifica las medidas cautelares con respecto a las normas técnicas que regulan la implementación de la técnica de exploración y producción de hidrocarburos conocida como fracking, a Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, se permite expresar a la opinión pública:

Respetamos la decisión del Alto Tribunal de mantener las medidas cautelares sobre la regulación técnica 90341 y 3004 del Ministerio de Minas y Energía, no obstante, lamentamos el sentido del fallo.

Consideramos que la decisión no toma en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en el sentido de avanzar con los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) que nos darán información completa y transparente y aportarán los elementos técnicos y ambientales suficientes para determinar cualquier ajuste normativo y regulatorio a futuro, si fuera el caso.

Desde la industria de hidrocarburos hemos insistido en la importancia de avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales y no perder la oportunidad de garantizar la seguridad energética de Colombia, contar con los recursos necesarios para abastecer el mercado interno, generar excedentes para exportación, y lograr los beneficios en materia económica, social y ambiental que traería a los hogares colombianos, las industrias y en general al país.

Si bien la decisión del Alto Tribunal no implica que en Colombia se haya prohibido el fracking, es inevitable que esta decisión afecte la confianza inversionista y la seguridad jurídica poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal y energética de Colombia.

Reiteramos que la industria está abierta a responder todas las preguntas y a entregar información respecto al desarrollo de los yacimientos no convencionales y la técnica del fracking, y a seguir contribuyendo en la búsqueda de soluciones para la viabilización de esta técnica en beneficio de Colombia”.



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