El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas ACP, Frank Pearl, se refirió a la medida anunciada esta semana por la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, de aumentar en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

La ACP manifestó su preocupación frente a esa decisión unilateral del gobierno ecuatoriano, una medida que afecta directamente a empresas como Ecopetrol y Geopark, así como a otras compañías que operan en el sur del país. En diálogo con Prensa Libre Casanare, Pearl, advirtió que esta determinación no solo impacta al sector empresarial, sino también a los ciudadanos de ambos países, al poner en riesgo el comercio binacional y el empleo en regiones donde la economía formal es limitada.

Según explicó, el aumento en las tarifas y otras decisiones recientes, como el alza del 30 % en aranceles a productos colombianos y el cierre parcial de la frontera desde diciembre pasado, configuran una escalada de tensiones comerciales que perjudican a Colombia y Ecuador por igual. Pearl insistió en que la salida a esta situación debe darse a través de la diplomacia y el diálogo entre cancillerías, teniendo en cuenta que están en juego más de 10.000 barriles diarios de petróleo, ingresos por transporte, regalías, impuestos y cientos de empleos directos e indirectos.

El presidente de la ACP, indicó que la medida tiene un impacto muy serio para Colombia, porque encarece de manera drástica el costo de exportación de crudo en el sur del país (Putumayo y Caquetá), pone en riesgo dicha producción y reduce la competitividad del petróleo colombiano en los mercados internacionales.

“Con un precio del Brent alrededor de los US$65 por barril, una tarifa de transporte de US$30 representa casi la mitad del valor. Eso no es sostenible para ninguna operación, obliga a las compañías a almacenar la producción y buscar rutas alternativas más costosas y limitadas y, si no se encuentra una solución rápida, podría llevar a la suspensión de la producción en esa región”, afirmó Pearl.

Según el dirigente gremial, en 2025 se movilizaron, a través del SOTE, 20.000 barriles de crudo diarios, labor que está suspendida desde diciembre pasado. Esa exportación equivale al 2,6% de la producción nacional. Aproximadamente, 12.000 barriles al día se transportan por el SOTE.

El vocero de la ACP, también dijo que al problema de la tarifa se suma el cierre de la frontera en San Miguel - Sucumbíos desde el 24 del mes pasado, lo que “agrava la situación logística, afecta empleos en ambos países y golpea las economías locales de la zona de frontera”.

El presidente de la ACP también se refirió a los retos estructurales del sector mineroenergético en Colombia, tras conocerse que Casanare se consolidó como principal productor de gas y segundo en petróleo en 2025, pese a registrar caídas significativas frente al año anterior. Pearl alertó sobre la declinación de campos maduros, la falta de nuevos contratos de exploración y la insuficiencia de reservas de gas y petróleo, subrayando la necesidad de recuperar la autosuficiencia energética mediante la exploración y producción nacional, para evitar la dependencia de gas importado, que resulta más costoso y genera mayores impactos económicos para hogares y empresas.