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Tribunal admitió tutela del ex Alcalde Celemín contra la Procuraduría

Tribunal admitió tutela del ex Alcalde Celemín contra la Procuraduría
El Tribunal Administrativo de Casanare, admitió una acción de tutela interpuesta por el destituido Alcalde de Yopal Willman Enrique Celemín Cáceres, en contra de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, representada por Alejandro Ordoñez.

El ex Alcalde considera vulnerados sus derechos fundamentales “del debido proceso, principio de legalidad de la falta y de ilicitud sustancia, así como el derecho de elegir y ser elegido”, que le fueron vulnerados con la expedición de la decisión del 26 de agosto de 2014 dentro del expediente NO. 161-123(IUS 2013-382882) proferido por la Procuraduría primera delegada para la contratación estatal y el acto administrativo del 29 de enero de 2015 mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sanción.

El Contenciosos Administrativo, vinculó al trámite de la tutela al actual Alcalde de Yopal Jorge García Lizarazo, para que haga las manifestaciones que considere del caso, por cuanto puede tener interés en los resultados del fallo.

El abogado de Celemín es Héctor Alfonso Carvajal Londoño.

Antecedentes

El pasado 29 de enero, la Procuraduría General de la Nación, confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 13 años al actual alcalde del municipio de Yopal, Willman Enrique Celemín, por retardar injustificadamente el ejercicio de sus funciones relativas a garantizar la prestación efectiva del servicio público de agua potable en el municipio de Yopal (Casanare), permitiendo que se originara un riesgo grave y un deterioro para la salud de esta población.

Para el Ministerio Público, el señor alcalde no adelantó las gestiones necesarias para contribuir a la solución de la problemática presentada en el municipio con este servicio público, y sólo adoptó medidas contundentes y diferentes a las exigidas en forma inmediata (cobertura y suministro de agua potable a través de carros tanques y habilitación de pozos profundos) después de que se presentaron graves alteraciones al orden público en marzo de 2013, es decir, luego de más de un año y tres meses después de su posesión.

Otros “pataleos” de Celemín

El Tribunal Administrativo de Casanare negó por improcedente una tutela presentada en febrero por el Abogado Germán Mendoza, en nombre del destituido Celemín.
En la acción se tutelaban los derechos fundamentales al debido proceso y libre ejercicio de la actividad política.

El abogado Mendoza solicitaba el amparo constitucional de dichos derechos, los cuales habían sido presuntamente vulnerados por la Procuraduría General de la Nación con la emisión del acto administrativo que destituyo e inhabilito para el ejercicio de cargos públicos a Celemín.

El Contencioso Administrativo resolvió por unanimidad la improcedencia de la Acción de Tutela que afirmaba que se habían violado derechos fundamentales.

Celemín también solicitó al Consejo de Estado en una demanda que fuera restituido al cargo de Alcalde de Yopal, por considerar que el Procurador General de la Nación no tenía competencia para sancionar a los alcaldes elegidos por voto popular.

Los apoderados del ex alcalde Celemín eran los mismos que lograron el reintegro del alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Igualmente el ex Alcalde de Yopal habría acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH.

Y los resultados de otros procesos?

Todavía faltan por conocerse los resultados de la Contraloría General de la República que adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $8.046 millones de pesos al Alcalde de Yopal (Casanare), Willman Enrique Celemín Cáceres, el ex gerente Edwin Miranda, al interventor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal Constantino Tamí Jaimes, a los contratistas de obra e interventores de la construcción de la planta de potabilización modular para el sistema de acueducto del área urbana de este municipio.

La cuantía del proceso corresponde al valor total pagado al contratista ($8.046'670.568.00), para la Contraloría, no se cumple el objetivo de beneficio social con esa inversión y en consecuencia el daño fiscal es por el valor total pagado.

Igualmente la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra el alcalde Celemín, por presuntas irregularidades en cinco contratos. Se investigan posibles peculados y posibles contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.


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