Al Juez 72 de garantías de Bogotá le correspondió ayer legalizar la captura Jhon Jairo Torres y su esposa Dora Emilse López Vega.

Torres ingresó al complejo judicial de Paloquemao junto a su esposa, en donde lo esperaban los medios de comunicación de la capital de país a los que afirmó “no hay una sola evidencia para que me sindiquen de haber obtenido ilegalmente la suma de 50.000 millones de pesos… No debo aceptar ningún cargo porque no debo absolutamente nada".

JJ Torres invitó a las facultades de contaduría para que revisen sus ingresos y negó que haya cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Al ser interrogado si pensaba renunciar a la Alcaldía de Yopal señaló “Yo no tengo porque renunciar”.

Conducido por varios uniformados ingresó a la sala de audiencias donde se legalizó se captura.

Luego de un receso para almorzar prosiguió el trámite con la Audiencia de imputación de cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tras un receso mientras Torres, su esposa y su abogado analizaban su decisión, no aceptaron cargos.

Torres respondió ante la pregunta del Juez si se declaraba culpable o inocente frente a los cargos que se le imputan: “No acepto su señoría, porque todo lo que se ha dicho en esta audiencia es mentira”.

Luego de negarse a aceptar cargos JJ Torres y Emilse López, enfrentan el trámite de una solicitud de medida de aseguramiento por parte de la fiscalía.

La Audiencia de solicitud de medida aseguramiento se reanudará temprano este martes.

La Fiscalía General de la Nación solicitará que Torres sea enviado a la cárcel, petición que de ser acatada por el Juez, complicaría aún más la permanencia de Jhon Jairo Torres en el cargo de Alcalde de Yopal.

La Fiscalía y la Dijin luego de revisar sus estados financiero desde 2012, descubrieron que al parecer obtuvo un incremento de su patrimonio injustificado en $50.000 millones. Torres presuntamente utilizó la sociedad constructora Ciudadela La Bendición S.A.S., manejada por su hermana Genny Milady Torres, quién se encuentra prófuga, como fachada para impulsar un proyecto de viviendas de interés social y darle apariencia de legalidad a dineros ilícitos.

Las primeras acciones que tomó la Fiscalía contra Torres fueron en mayo de 2015, cuando le embargó 10 bienes por al parecer, estar involucrado en un proceso de lavado de activos. Según las imputaciones de la fiscalía, Jhon Jairo Torres construyó la urbanización “la bendición” en un terreno en extinción de dominio, que había sido propiedad de un individuo investigado por narcotráfico.

Torres había sido capturado en una primera ocasión en octubre de 2015 días antes de las elecciones, luego de que la Fiscalía evidenciara que la ciudadela “La Bendición” era una construcción ilegal, pues estaba asentada en un terreno que había sido embargado el 11 de junio de 2014 porque supuestamente había pertenecido a testaferros de Daniel Barrera, alias el “Loco Barrera”.

Ese proceso por urbanización ilegal, del cual Torres reconoció su responsabilidad, está listo para lectura de fallo condenatorio en el Juzgado Segundo Penal de Yopal, donde precisamente hoy estaba agendada una audiencia.

La tierra donde fue construida la ciudadela la bendición está vinculadas al narcotraficante Germán Sánchez Rey, alias “Coletas”, capturado en 2010 y extraditado a España en 2011. Tras el arresto de “Coletas”, quien tenía nexos con el capo “Loco Barrera”, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía abrió un proceso para arrebatarle sus propiedades. En esas pesquisas encontraron los nombres de los hermanos Néstor Leonardo y Jairo Enrique Pérez Barreto, quienes fueron señalados de ser testaferros de “Coletas”. El primero de ellos fue el que compró en 2010 los terrenos donde hoy está La Bendición, que posteriormente pasaron a manos de Jhon Jairo Torres Torres.

Fue un negocio que, según las autoridades, se realizó con dineros de “Coletas”, ya que descubrieron que Néstor Pérez no tenía capacidad económica para concretar la compra, que tuvo un costo de $900 millones. Además se demostró que el avalúo real de la propiedad para la época era de más de $2.700 millones. Finalmente, en octubre de 2011 Néstor lo transfirió a su hermano, Javier Barreto, quien terminó figurando como propietario cuando la Fiscalía los embargó en junio 2014.

Sin embargo, en un fallo que generó bastante polémica en el ente investigador, la fiscal María Cristina Lizcano revocó las medidas cautelares sobre los bienes, permitiendo que se realizara una serie de traspasos que a la postre terminó por darle vida a la Ciudadela La Bendición. La situación se resolvió el pasado 24 de marzo, cuando un fiscal de segunda instancia tumbó la decisión de Lizcano. Es más, en una denuncia que reposa en los despachos del búnker de la Fiscalía se habla de un pago de $200 millones que buscaba que Torres pudiera tomar control de los predios cuestionados.

Según los investigadores, los terrenos finalmente terminaron en manos de Torres de la siguiente forma: “Teniendo en cuenta que los citados bienes estaban a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no tiene justificación jurídica, ni probatoria, sabiendo del pronunciamiento y la orden dada por la Fiscalía, (Jairo Enrique Pérez) se asocia con el señor Jhon Jairo Torres, para despojar al depositario designado por la SAE. Torres resuelve parcelar los lotes y de manera ilegal procede a realizar un proyecto de construcción de interés social denominado Ciudadela La Bendición, sin licencia de construcción ni ambiental, a sabiendas de que estos no eran de su propiedad y que se encontraban inmersos en investigación de extinción. En razón, se cuenta con elementos probatorios que los recursos obtenidos para la adquisición de los mismos al parecer provienen de origen espurio”.