El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda contra el acto de elección del Contralor Departamental de Casanare para el periodo 2016 – 2020, que colocó en el cargo al doctor Antonio José Ortega.

La demanda fue instaurada por Miguel Alfonso Pérez Figueredo y Carlos Andrés Sanabria Gómez.

El Tribunal sin embargo negó la pretensión de los demandantes se suspender provisionalmente los efectos del acto acusado (elección de Contralor Departamental de Casanare 2016 – 2020), que argumentaba que el Contralor ejercía funciones con fundamento en un acto ilegal e inconstitucional al ser incluido de forma extemporánea en el proceso de elección que adelantó la Asamblea Departamental de Casanare.

Según los demandantes, se quebrantaron principios constitucionales que enmarcan la función pública, entre ellos, igualdad, moralidad, publicidad, el debido proceso aplicable a las actuaciones administrativas y los principios de imparcialidad y objetividad.

Igualmente argumentan que “hubo un favorecimiento ilegitimo a un concursante llegado fuera de tiempo y que la convocatoria fue alterada inicialmente por la Corporación IDEAS, para acomodarla a las circunstancias, razón por la cual la anterior Asamblea Departamental revocó el concurso, sin embargo la actual Presidenta de esa Corporación para proseguir en el concurso acudió a la “revocatoria de la revocatoria” figura jurídica extraña en el ordenamiento jurídico que desconoció que el acto por revocar gozaba de presunción de legalidad".

El Tribunal Administrativo de Casanare tiene como parte demandada a la Gobernación de Casanare, a la Asamblea Departamental y al ciudadano Antonio José Ortega.

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