El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió declarar la nulidad de la elección de Antonio José Ortega Santos como Contralor del Departamento de Casanare, elegido por la Asamblea Departamental para este cuatrienio.

El Contencioso Administrativo consideró que en el proceso de elección del Contralor hubo violación del principio de publicidad debido a que se dio una publicación tardía de la decisión del operador en la convocatoria para realizar las pruebas de conocimientos y competencias en la Ciudad de Bogotá, en plena época navideña, en temporada máxima de ocupación de vuelos y otros medios de transporte, lo que pudo comprometer seriamente el derecho a concurrir de varios de los aspirantes.

Señala el Tribunal que se violó el principio a la transparencia donde pese a que la Asamblea de Casanare dispuso de mecanismos de control estrictos para la etapa de inscripciones, no se cumplieron; la planilla que proyectó el secretario de la Duma no tuvo ningún rigor, no fue diligenciada por todos los aspirantes y propició errores en la inscripción de José Antonio Ortega.

Igualmente el falló reza que la Asamblea Departamental se despojó de la dirección del proceso entregándoselo a un particular al que no podía entregarle competencia de función pública acerca de la ponderación de cada elemento de las pruebas clasificatorias, que no equivale a elaborar los cuestionarios, ni la tabla de presuntas respuestas correctas, ni el protocolo de clasificación.

El Tribunal cuestionó que después de cerrado el periodo de inscripciones varió sustancialmente las reglas de juego, con la introducción de una audiencia sin calificación alguna en lugar de la entrevista que debió estructurarse, someterse a lineamientos administrativos de evaluación dispuestos por la Corporación.

Dentro de las irregularidades está la violación de los principios de objetividad y de selección por el mérito, donde en las etapas de la convocatoria se debía incluir la verificación, ponderación y evaluación de la formación y de la experiencia adicional de los aspirantes como uno de los elementos clasificatorios.

El proceso había sido demandando por Miguel Alfonso Pérez Figueredo y Carlos Andrés Sanabria que además se encontraban dentro de los aspirantes para ocupar el Cargo de Contralor; también participaron, Ana María Sierra González, Jesús María Chinchilla Cuevas, Wilson Mesa Cepeda, Luis Alejandro Rincón, Raúl Yeraldo Barón y María Antonia Perilla.

El Tribunal Administrativo de Casanare además ordenó remitir el fallo a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Regional de Casanare para los efectos pertinentes.