La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación, por haber acusado a un hombre de pertenecer a las Autodefensas Unidas de Casanare, por lo que ordenó su indemnización por los daños causados tanto a él como a su familia.

La Corporación Judicial cuestionó que la Fiscalía lo haya acusado con base en el testimonio de dos exparamilitares que al parecer solo buscaban beneficios económicos y jurídicos.

Según Doney Olmedo Riaño Silva, el 4 de agosto de 2004, en la Finca Villaclara, ubicada en la vereda Betel del municipio de Monterrey (Casanare), en un operativo realizado por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, la Unidad Investigativa de Policía Judicial y el Grupo Gaula Rural de Casanare, fue capturado, por ser el presunto coordinador de sicarios de las Autodefensas Campesinas del Casanare y responsable de múltiples asesinatos y de la desaparición de varias personas en el departamento de Casanare.

Riaño Silva fue privado de su libertad y vinculado a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, homicidio, desaparición forzada, terrorismo y secuestro, por lo que fue trasladado a la cárcel en el departamento de Boyacá.

Sin embargo en 2007 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) lo absolvió, argumentando que los informes de los organismos de inteligencia estuvieron basados en testimonios de oídas, que desde la diligencia de indagatoria Doney Olmedo Riaño Silva explicó a la Fiscalía que no era miembro de las Autodefensas Campesinas de Casanare y que las acusaciones en su contra provenían de miembros de ese grupo armado ilegal.

Manifestaron que fueron dos miembros de las autodefensas Campesinas de Casanare quienes, con el propósito de acceder a beneficios económicos y legales, incriminaron a Doney Olmedo Riaño Silva y, como consecuencia él y sus familiares sufrieron perjuicios morales, toda vez que fueron discriminados socialmente y fueron tildados de asesinos y de paramilitares.