El 24 de febrero continuará la audiencia preparatoria en el juicio que se adelanta contra el General (r) del Ejército y ex comandante de la Brigada XVI, Henry William Torres Escalante por falsos positivos en hechos ocurridos entre 2005 y 2007, ese día se conocerá la fecha de la audiencia de juzgamiento donde el sindicado tendrá la oportunidad de rendir su versión, conocer la parte probatoria, en la búsqueda de saber la verdad sobre los hechos en los que murió un campesino de Aguazul y su hijo menor de edad.

La audiencia preparatoria cumplida en el Juzgado Primero Penal del Circuito inició hacia las 2:50 de la tarde de este jueves con la presencia del sindicado y sus abogados defensores Jaime Enrique Granados Peña y Carlos Fernando Alarcón González. Asistió Fernando Rodríguez como abogado de las víctimas.

El abogado Jaime Enrique Granados, solicitó el pasado miércoles la revocatoria de la medida de aseguramiento del Mayor General, Henry William Torres Escalante, determinación que debe tomar el Juez antes del 24 de febrero.

La defensa del oficial solicitó igualmente que nuevamente se realicen pruebas con la declaración de los testigos, con los que espera demostrar la verdad sobre los hechos, donde ya hay responsables confesos y quienes la defensa aspira que cambiarían el curso del proceso.

El abogado Granados solicitó renovar el testimonio del Teniente, Marco Fabián García Céspedes, al considerar que las versiones rendidas habrían sido dadas bajo amenazas o presiones para que cambiara su argumento, por lo que se considera que quedaron algunos vacíos, además según la defensa en el momento de dicha prueba Céspedes tendría vacíos mentales justamente por la presión de la situación.

Marco Fabián García perteneció al Grupo Delta 4 y 5 de pelotones especiales, comandado por el General Henry William Torres Escalante, por lo que se consideró que nuevamente debe ser escuchado para que narre la forma como se impartían las órdenes y directrices de operatividad.

Por su parte el abogado de las víctimas Fernando Rodríguez, argumentó que el alto militar habría dado órdenes para que se modificarán los informes de los operativos y que para ello había contado con la asesoría jurídica de la Brigada XVI en el momento de los hechos.

Dentro de las pruebas se solicitó la inspección de las actas de actividades del Torres Escalante para los años 2006 y 2007, así como la revisión del archivo de las ejecuciones de la época y la intervención del Ministerio de Defensa para que practique una inspección de los mismos informes.
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