El Juez Tercero Penal de Yopal Jorge Eduardo Angarita negó la nulidad a la sentencia solicitada por la defensa de Jhon Jairo Torres y lo condenó a 45 meses de prisión por el delito de Urbanizador Ilegal.

Igualmente le impuso una multa de 8.374 salarios mínimos mensuales legales vigentes (6.156 millones de pesos) y lo inhabilitó por el mismo tiempo de la sentencia para ocupar cargos públicos o de elección popular.

Jhon Jairo Torres aceptó los cargos por el delito de Urbanizador Ilegal lo que le daría el derecho de una rebaja de hasta el 50% de la pena.

A JJ Torres le queda ahora apelar ante el Tribunal Superior de Yopal. Si esa instancia ratifica podrá interponer casación en la Corte Suprema Justicia.

La Audiencia de lectura de fallo estaba prevista para las 8 de la mañana de este jueves, sin embargo, debió aplazarse para las 10 a.m., debido a que a la hora inicialmente señalada no se presentó nadie en La Picota.

Al fiscal no lo dejaron entrar porque al parecer refundieron en la cárcel La Picota los respectivos oficios que autorizaban su entrada. Quedo solo el Juez en La Guafilla esperando para iniciar la Audiencia virtual, por lo que debió enviar nuevamente las autorizaciones a La Picota para el ingreso de los abogados y el fiscal del caso a la audiencia.

Largo proceso

El proceso por Urbanización Ilegal contra Jhon Jairo Torres, ha tenido docenas de maniobra dilatorias y artimañas jurídicas por parte de la defensa del Alcalde, que por ejemplo recusó a los magistrados del Tribunal Superior de Yopal, luego de que en segunda instancia confirmaran la decisión del Juzgado Tercero Penal de Yopal de no aceptar la retractación de cargos.

El juzgado tercero penal del circuito de Yopal había rechazado la solicitud de retractación de cargos y nulidad solicitada por el alcalde preso, John Torres Torres, quién aceptó su participación en el delito de urbanización ilegal imputado por la Fiscalía General.

Según Torres en esa audiencia de verificación a allanamiento en octubre de 2015, no había dormido bien, no se encontraba en el cien por ciento de sus capacidades y recibió una mala asesoría por parte del exfiscal Mario Iguarán.

La argucia jurídica de la Defensa de recusar a los magistrados del Tribunal Superior sostenía que “se violó el debido proceso y no había las garantías procesales para JJ Torres”.

Además, la defensa de Torres solicitó en varias oportunidades que se anulara lo actuado en el proceso, y en diversas instancias judiciales se negaron sus pretensiones.

El largo proceso también estuvo “adornado” por asuntos inherentes a la administración de justicia en Casanare, en una oportunidad debió cancelarse la Audiencia de lectura de fallo, con la simplista explicación de que no tenían internet por lo que no se podía realizar una sala virtual.

En otra ocasión el señor Torres “manifestó sentir fuertes dolores en su pecho y espalda y fue necesaria su remisión a un sitio donde le brindaran atención médica de urgencias”, informó el INPEC mientras permanecía recluido en la cárcel de La Guafilla.

Precisamente el día de su hospitalización JJ Torres tenía que asistir al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal, a una audiencia en la que se iba a definir su situación.