El comando de la Octava División del Ejército se pronunció con relación a hechos ocurridos en la Brigada XVI de Yopal, donde fue capturado esta semana el soldado profesional, Eliecer Anzueta Cero, señalado de estar involucrado en el homicidio del ciudadano Daniel Abril Fuentes, ocurrido en 2015 en Trinidad.

Según la Octava División, durante meses, las secciones de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional, iniciaron una misión interna, con el fin de verificar la presunta participación del miembro de la Institución, en el homicidio del ciudadano Abril Fuentes.

Una vez se recolectó información relevante, se puso en conocimiento el caso de la Fiscalía 103 Especializada de Derechos Humanos, para que esta, como autoridad competente, adelantara las respectivas investigaciones, con el apoyo permanente del Ejército Nacional.

El comunicado del Ejército afirma que, “Gracias a este trabajo interagencial entre el Ejército Nacional y la Fiscalía, el día 07 de junio del presente año, sobre las 08:50 horas, fue puesto ante autoridad competente el soldado profesional, presuntamente involucrado en los hechos”.

“Desde este comando, rechazamos tajantemente este hecho aislado, que no tiene nada que ver con las políticas y la misión Institucional, que, si bien compromete a un miembro activo de la Institución, las labores de inteligencia determinaron que, para la fecha de ocurrencia de los hechos, el soldado profesional se encontraba en su ciclo de vacaciones, por lo tanto, este deberá responder de manera individual”, afirma el comunicado firmado por el Brigadier General Luis Danilo Murcia Caro, Comandante de la Octava División.

Organizaciones sociales también se pronunciaron

Entre tanto, el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, integrado por múltiples asociaciones campesinas e indígenas en un comunicado afirmó que han venido denunciando la relación de éste y otros crímenes contra líderes sociales con su actividad de defensa del territorio y su lucha contra los intereses de las empresas transnacionales, que son defendidos por el Estado.

Afirmaron que, “la historia de Casanare da cuenta de una estrategia para acabar violentamente con cualquier expresión social que se oponga a las intenciones del capital transnacional, y para ello han utilizado varios mecanismos, tanto estatales como paraestatales, incluyendo los falsos positivos por los cuales se encuentra judicializado el General Torres Escalante. Por eso no resulta extraño que en aberrantes crímenes como el cometido contra Daniel hayan participado sicarios particulares y también miembros activos del Ejército Nacional”.

Añaden que, “La vinculación de ese soldado profesional a la investigación que se adelanta por el homicidio de Daniel Abril, demuestra la participación directa de la fuerza pública en la persecución, hostigamiento, señalamiento y asesinato de líderes sociales en el país”.

“Estas dos capturas se producen en momentos en que denunciamos la presencia de personas armadas en barrios de la ciudad de Yopal, en especial en Mi Nueva Esperanza quienes al ser abordados por la comunidad afirmaron ser miembros del Gaula sin presentar credenciales ni documentos legales, posteriormente, fueron entregados a la policía que los dejó en libertad sin esclarecer su identidad, en cambio, señalaron a los líderes del barrio y los empadronaron. Así mismo se han presentado capturas masivas en otros departamentos del centro oriente y hostigamientos, seguimientos, señalamientos y amenazas contra líderes sociales del departamento de Casanare”.

Exigieron que la Fiscalía y la Procuraduría profundicen en la investigación del asesinato de Daniel Abril, no solo contra los autores materiales, sino respecto de los autores intelectuales y beneficiarios. “Se debe vincular a la investigación a quienes ordenaron el crimen, establecer a qué entidades públicas o privadas pertenecen y determinar los motivos que los llevaron a acabar con la vida de nuestro compañero”.

CAPTURAS POR ASESINATO DE DANIEL ABRIL FUENTES DEMUESTRAN PARTICIPACIÓN DE FUERZAS MILITARES EN CRÍMENES CONTRA LÍDERES SOCIALES