La Administración Departamental instauró demanda de repetición contra el ex gobernador, William Hernán Pérez Espinel y el secretario de obras de ese entonces Oswaldo Niño Morales.

La demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Casanare por la Oficina de Defensa Judicial, pretende que Pérez Espinel y Niño Morales sean declarados administrativamente responsables por la condena impuesta al Departamento por el proceso contractual celebrado con la Unión Temporal Guanapalo, que finalizó con el pago de $1.034.235.124.

Los hechos se refieren a que el Departamento de Casanare celebró con la Unión Temporal Guanapalo conformada por la empresa Miko Ltda., Manser Ltda. y Meyan Ltda. el contrato de obra pública número 281 de 2001, con el objeto de realizar trabajos de pavimentación en la carretera la Barquereña – Orocué, sector de San Rafael por un valor de $9.213.014.358, pactando un anticipo del 50% y un plazo de 12 meses.

En una de sus cláusulas se pactó el mecanismo de ajuste de precios, con la aplicación de fórmula matemática y los índices, sin embargo, se pagaron las actas, pero no se hicieron los ajustes de precios y la Unión Temporal demandó para que se hiciera el respectivo reconocimiento.

En sentencia proferida el 20 de septiembre de 2007 por el Contencioso Administrativo y confirmada por el Consejo de Estado en el 2015 falló condenando a la Gobernación a pagar dicha suma.

El reconocimiento a la Unión Temporal de Guanapalo se hizo el 26 de diciembre de 2016, por parte de la Gobernación de Casanare con el pago de $1.034.235.124.

Según el argumento de la demanda de repetición, la condena impuesta se debió a que William Pérez y Oswaldo Niño no presupuestaron y pagaron los ajustes derivados de ese contrato.