La Gobernación de Casanare busca que el interventor de una obra pública en la que un trabajador quedó cuadripléjico luego de sufrir un accidente laboral, pague la reparación por 592 millones de pesos que la Administración Departamental debió cancelar por no estar afiliado al sistema de seguridad social.

Los hechos se relacionan con el contrato 444 del año 2003 celebrado entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Electroconstrucciones Ltda. ELCO LTDA – COMOR y cuyo interventor fue Faustino Talero Rodríguez, contra quien pesa la demanda de repetición ante el Tribunal Administrativo de Casanare, para que responda por la millonaria cifra cancelada en razón a que era función de Talero verificar que la empresa tuviera a todo el personal afiliado a seguridad social y no lo hizo.

La víctima del accidente laboral ocurrido en abril de 2014 fue Rodrigo García Escoba, quien sufrió lesiones por compresión medular en un accidente cuando trabajaba en una obra pública desarrollada en la vereda La Argentina del municipio de Hato Corozal, donde perdió el 75% de su capacidad laboral.

El pago de la sentencia se hizo el año anterior mediante la Resolución 229 de 6 de julio de 2017.

La reparación también involucró al Hospital de Yopal por falla asistencial, por los perjuicios directamente derivados de las complicaciones y secuelas (escaras y sepsis sistemática) que sufrió Rodrigo García Escobar.

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