La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años a la rectora de la Institución Educativa José María Córdoba de Tauramena, Lilia María Vega Sanabria, por actuar en el cargo encontrándose inhabilitada por haber sido declarada responsable fiscalmente.

La Procuraduría Regional de Casanare comprobó que Vega Sanabria incumplió la Constitución y la ley que rige la función pública al continuar vinculada como funcionaria de la gobernación como rectora de la institución educativa desde el 21 de noviembre de 2015, día posterior a la fecha en la cual fue ejecutoriado el fallo fiscal y hasta el 26 de octubre de 2018, fecha en la que fue retirada del servicio por parte de la secretaría de Educación del Casanare.

La disciplinada continuó desempeñándose como rectora sin dar a conocer que se había emitido un fallo el 20 de noviembre de 2015, por parte de la Contraloría General de la República, por detrimento patrimonial causado al Estado por cuantía de $1.196.983.496,87, cuando fungió como Secretaria de Educación del Departamento en el año 2012, con la firma de un convenio con la Caja de Compensación del Casanare (Comfacasanare) para "garantizar el servicio de alimentación escolar modalidad almuerzos a 62.895 estudiantes de las instituciones educativas del departamento''.

El ente de control calificó en fallo de primera instancia la falta de Vega Sanabria como gravísima, a título de dolo, porque tenía pleno conocimiento de que se encontraba inhabilitada, teniendo en cuenta la vasta experiencia en el sector público, sin embargo, quebrantó las normas de manera consciente y deliberada, con lo que violentó el principio de moralidad y la ética, teniendo la obligación de ser ejemplo para los profesores y estudiantes que estaban bajo su cargo.

Contra la presente decisión la disciplinada y su apoderado presentaron recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial.