Información de elespectador.com

Wilfredo Acevedo, Fernando Alarcón y Darwin Riascos salían de un encuentro deportivo en Yopal, en 2007, cuando fueron reclutados por alias Gilber. Miembros del Gaula los torturaron, los asesinaron y les pusieron uniformes de guerra que, aparte, no eran de su talla.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió una investigación contra Colombia por la ejecución extrajudicial de los hermanos Wilfredo Acevedo y Fernando Alarcón, y uno de sus amigos, el ciudadano Darwin Riascos. En 2007, fueron engañados por un reclutador de “falsos positivos” en Yopal, para luego resultar asesinados y presentados como bajas en combate de la fantasiosa operación “Furia” del Gaula del Ejército.

“Según ha precisado el Estado, un total de dieciocho miembros de la Fuerza Pública han sido vinculados. Sin embargo, nota la CIDH, tras un estudio minucioso del expediente, que de estos agentes militares únicamente seis han sido condenados penalmente (…) mediante dos fallos judiciales. Y en esos dos casos solo se ha proferido condena por el delito de encubrimiento por favorecimiento, y no por la retención y ejecuciones extrajudiciales como tales”, analizó la Comisión.

Wilfredo Acevedo, tenía 21 años y trabajaba como vigilante de un colegio en Yopal. Su hermano, Fernando Alarcón, de 20 años, era ayudante de construcción. Juntos jugaban fútbol y participaban en campeonatos en la capital del Casanare, donde departían con el joven de 18 años Darwin Riascos. Eran amigos cercanos. El 4 de febrero de 2007, cuando terminaban de disputar un encuentro, fueron abordados, según los testimonios, por un sujeto conocido como el alias de Gilber. Un reclutador de “falsos positivos”.

Alias Gilber, según demostró la Fiscalía, los llevó a la vereda Palomas de Yopal, bajo el pretexto de acompañarlo a cobrar un dinero. Una vez en el lugar, cuando caía la noche, un numeroso grupo de soldados del Gaula de la Brigada XVI los retuvieron y les indicaron que se pusieran respectivos uniformes camuflados. No eran de su talla y no les ajustaron bien. Alias Gilber también se vistió con la dotación para ganar su confianza.

“Una vez se pusieron los uniformes, los militares les instruyeron a los muchachos que los acompañaran a un potrero adyacente al camino, explicando que era para tomarles unas fotografías; ya en el potrero, los militares asesinaron en la oscuridad a Wilfredo, Fernando y Darwin con disparos a quemarropa de sus armas de fuego. A continuación, los comandantes obligaron a varios de los soldados subalternos a disparar sus armas al aire varias veces, para simular así acústicamente la ocurrencia de una confrontación armada”, se lee en el informe de la CIDH.

 Los militares del Gaula reportaron que tres supuestos criminales los habían atacado con arma de fuego y que en el marco de la “Misión Táctica Antisecuestro Furia” fueron asesinados. No obstante, la señora Yaneth Acevedo, ante la incertidumbre por la desaparición de sus hijos, buscó en la policía y en la oficina del CTI de la Fiscalía. En este último lugar le dijeron que había tres cadáveres en la morgue de la ciudad. Allí, se encontró con la peor escena para una madre, situación que luego reportó a la Procuraduría y a la Personería. Los camuflados estaban rotos y les quedaban grandes.

La Fiscalía 20 Penal Militar se hizo cargo del caso, en principio, pero determinó a través de testimonios que las muertes supuestamente eran legítimas. Sin embargo, la Fiscalía Cuarta Penal ante el Tribunal Superior Militar encontró dudas respecto a las muertes y el servicio, por lo cual dejó el expediente en manos de la justicia ordinaria. Desde entonces, aunque 18 militares han sido vinculados, a solo seis se les ha impuesto una sentencia condenatoria, pero por favorecer y encubrir el crimen.

“Han transcurrido en total diecisiete años desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de adopción del presente informe, periodo tras el cual el proceso iniciado por sus muertes sigue inconcluso y suspendido, sin que se haya juzgado o determinado una justa sanción contra todos los responsables, ni mucho menos indagado sobre los posibles responsables intelectuales del crimen dentro de la cadena de mando militar y civil”, concluyó la CIDH. Y agregó que el Estado, “en términos vagos”, respondió que el caso está en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare, aceptó su responsabilidad en el triple homicidio.