Información de elespectador.com

José Rubiel Llanos Arias es una de las 303 víctimas identificadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la imputación de cargos en contra 22 militares de la Brigada 16 por ejecuciones extrajudiciales en Casanare.

Pero además, Llanos Arias es la única persona con una orientación sexual diversa en ser reconocida y documentada como un caso de falso positivo ante la JEP. Por eso, la Sala de Reconocimiento imputó por primera vez el delito de persecución por razones de género.

Según la JEP, José Rubiel se encontraba en un contexto de fuerte estigmatización. Por una parte, era reconocido como uno de los pocos jóvenes abiertamente gay de Tauramena. Y, por otro lado, se desempeñaba como administrador y mesero del bar Manzana Verde, un prostíbulo en la zona de tolerancia del municipio.

Jaime Jaimes Herrera, quien trabajaba como conductor e informante del batallón Ramón Nonato Pérez, le dijo al sargento (r) Wilfrido Domínguez Márquez que se podía hacer una operación contra José Rubiel, para “mostrarlo como un resultado”. Había rumores de que él estaba induciendo a menores a la prostitución, razón para tacharlo de ser un delincuente social.

En la versión voluntaria que Domínguez Márquez rindió ante la JEP, afirmó que Jaimes “recogía muchas cosas de rumores, las presentaba y las corroboraba a mi mayor diciéndole el antecedente que traía la persona y ahí simplemente ordenaba”. También aceptó haber escogido a José Rubiel y elaborado la documentación que sustentó la supuesta operación. Además, comentó que se reunió con José López Pepinosa, comandante del pelotón, para explicarle cómo José iba a ser entregado por una mujer.

El 10 de julio de 2006, en el municipio de Tauramena, José Rubiel Llanos Arias decidió ir a una fiesta, después de que una amiga le insistiera. Esa noche, que prometía ser de celebración, él fue engañado, retenido por los militares de manera ilegal y presentado a la mañana siguiente como un “delincuente social” que había muerto en combate durante un operativo de inteligencia.

La amiga de José Rubiel, cuya identidad está protegida porque era menor de edad cuando se presentaron los hechos, fue utilizada por los oficiales de inteligencia en varias ocasiones para manipular a las víctimas. Los militares se aprovecharon de ella, debido a que tenía un problema de consumo de drogas y estaba embarazada. Ella señaló que fue obligada a trasladarlo con engaños al lugar donde fue ejecutado. “Le dije que allá había una fiesta, que nos íbamos a enrumbar y que no nos demorábamos”.

En su declaración, la joven agregó que uno de los objetivos del batallón era “limpiar Tauramena de personas indeseables”, entre las cuales fueron perseguidos integrantes de la población diversa a quienes se referían como “maricas detestables”. Su testimonio jugó un papel fundamental en el esclarecimiento del caso porque ella es la única testigo, además de los soldados implicados.

Hacia las 10:00 p.m. del 10 de julio de 2006 inició, entonces, la misión táctica Espectro. Los uniformados en retiro Julio César Sierra, Diego Nelson Sierra Delgado y Luis Rodrigo Leal Gelves, al mando de López Pepinosa, se dirigieron al lugar acordado. Al encontrarse con la joven y José Rubiel, él fue capturado y a ella le entregaron $100.000 junto con un paquete que contenía sustancias psicoactivas.

Antes de ser asesinado, José Rubiel fue golpeado por los militares, quienes además utilizaron comentarios ofensivos y burlas sobre su orientación sexual. En uno de los testimonios brindados por López Pepinosa se relata cómo los soldados se dieron cuenta de que él no era realmente un delincuente como les habían planteado, sino un joven gay.

“En el momento pensaron en dejarlo ir, pero surgió la duda de que nos delataría posteriormente. A lo cual los soldados, cumpliendo las órdenes del batallón, accionaron sus armas contra él y este cae muerto”, relató López Pepinosa, quien también se encargó de encubrir los hechos elaborando el informe de patrullaje. A la mañana siguiente, fueron felicitados por Henry William Torres Escalante, comandante de la Brigada 16, por el resultado de la misión.

La violencia de género en el contexto del conflicto armado tenía como fin eliminar del territorio todo lo que es percibido como diferente, según la JEP. Así, la violencia hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas cumplió con tres propósitos: expulsar, aprovecharse y castigar. En palabras del tribunal, “la violencia ejercida ha cumplido un propósito: enviar un mensaje a la comunidad consistente en que quien pensara y actuara de forma análoga correría la misma suerte”.

Estas acciones discriminatorias han sido definidas como violencia por prejuicio. En el marco de la guerra, les sirvió a todos los actores armados como excusa para ejercer control y aprovecharse de las personas que están en la posición más débil, ya sea por razones de género, raza, edad o incluso afiliación política, de acuerdo con la JEP y Colombia Diversa.

Para Susana Peralta, coordinadora del área de paz y justicia transicional de la organización Colombia Diversa, esta imputación permite dar cuenta de cómo operó la discriminación y persecución en contra de las personas LGBTIQ+ durante el conflicto armado. “Incluso cuando fue una sola víctima, en este caso es solo un hombre gay, es un crimen sistemático. No es que sea frecuente en cuanto a que ocurra muchas veces, lo sistemático es que no es aleatorio”, explica. (En video: Dani García, la travesti que logró la cédula no binaria en Colombia)

Lo cierto es que resulta evidente la discriminación contra las personas con orientaciones e identidades de género diversas en el marco de la guerra. Las cifras que entrega el Registro Único de Víctimas muestran que 4.492 personas LGBTIQ+ y 380 personas intersexuales sufrieron algún tipo de violencia. Aunque es alto el subregistro, el enfoque de género ha sido un punto de partida para esclarecer los patrones de violencia.

Con esta decisión, la JEP “se está sumando a un reconocimiento que ya vienen haciendo otras organizaciones del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición respecto a la población LGBTIQ+, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad”, comenta Jorge Agudelo, líder de la corporación Casa Diversa, la primera organización LGBTIQ+ reconocida como víctima del conflicto armado.

Agudelo también resalta que no se puede hablar en pasado, pues el conflicto armado no ha terminado. Por lo tanto, la imputación se debe sumar a la implementación de garantías de no repetición, “que es algo que también se va quedando en el discurso y no se materializa”. Hay que recordar que, desde 2014, en medio de las negociaciones en La Habana (Cuba), el enfoque de género se estableció como principio rector del proceso de paz. (Así se vivió la marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2022 | La Disidencia)

Por primera vez, un tribunal que analiza crímenes cometidos en la guerra afirmó que lo que les pasó a las personas diversas fue una persecución que se dio por discriminación y, por lo tanto, constituye un crimen de lesa humanidad. Este reconocimiento ayuda a mejorar el acceso a la justicia no solo para las víctimas LGBTIQ+ del conflicto en Colombia, sino para todas aquellas que hayan sido perseguidas por cualquier motivo discriminatorio.