La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 149 bienes ubicados en varios municipios del país, entre ellos Monterrey – Casanare; Paratebueno – Cundinamarca; San José del Guaviare; Bogotá; Pradera y Cali (Valle del Cauca); Barranquilla (Atlántico); y Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, San Gil y Cabrera (Santander).

El valor de las propiedades afectadas se estima en 12.250 millones de pesos. Son 21 inmuebles rurales, 22 predios urbanos, 22 vehículos, 3 establecimientos de comercio, 1 sociedad y 80 semovientes.

Algunos de los activos pertenecían a Diego Alberto Varona Aragón, quien hizo parte del extinto Cartel de Cali, y en la década de los noventa fue considerado como uno de los socios principales de Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta y a José Ignacio Cardona, alias Nicki.

También figuran bienes a nombre de familiares y personas cercanas a Héctor Fabio García Vengoechea, Miguel Villareal Archila y Manuel Enrique Torregrosa Castro, alias Chang, capturados con fines de extradición en julio de 2007, por cargos relacionados con narcotráfico.

En el curso de la investigación se acreditó que los titulares de los inmuebles no tenían el poder económico ni registraban una actividad económica estable que les permitiera sustentar la adquisición de predios avaluados en 6.250 millones de pesos.

Los elementos de prueba dan cuenta de que los compraron con dineros producto del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Fueron impactadas las finanzas de Carlos Yesid Gómez, Luis Marino Medina Martínez, Jefferson Adolfo Segura Alfonso, Erick Leandro Calderón Soler y Omaira Ospina Ramírez, integrantes de una red narcotraficante a la que se le atribuye el transporte de cargamentos de estupefacientes desde Cauca a las costas de Magdalena, donde se coordinaba su salida por vía marítima a Estados Unidos.

Con los recursos obtenidos por esta actividad ilegal, la organización criminal habría adquirido 14 vehículos, 21 inmuebles, 40 semovientes y constituyó una empresa para intentar justificar su origen ilícito.

Los procedimientos de ocupación fueron realizados de manera articulada por el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con fines de extinción de dominio.