Una mujer de 77 años y su núcleo familiar, quienes fueron víctimas de la violencia paramilitar en zona rural de Paratebueno, volverá a tener vivienda propia, por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó restituir el predio mediante la figura de compensación.

“Después de 26 años, se hizo justicia para mi madre. Gracias a la Unidad de Restitución de Tierras, por el apoyo que nos brindaron, estamos felices porque tendremos una vida digna”, aseguró Rodrigo Antonio Vaca, uno de los hijos de la beneficiaria. 

La historia de la familia Vaca se remonta al año 1986, cuando la mujer y su esposo (q.e.p.d) adquirieron el predio Las Gaviotas, de 4.819 metros cuadrados, ubicado en la vereda Macapay Bajo. Allí la mujer instaló una tienda en la que vendía abarrotes y cerveza, pero la tranquilidad se vio alterada en 1997, cuando hombres armados asesinaron a su hija. Este crimen fue confesado años después en Justicia y Paz por Luis Miguel Hidalgo alias “Ratón”, integrante del Bloque Héroes del Llano de las autodefensas. 

Ante el asecho de los paramilitares, la mujer, que es analfabeta, no tuvo más remedio que firmar unos documentos por la venta de su predio y huir para salvaguardar su vida y la de sus otros hijos. Ella manifestó que no recuerda detalles de la venta de su propiedad. 

Una vez entró en vigencia la Ley 1448 de 2011, ella y sus hijos acudieron a la sede de la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Villavicencio, para que llevara su caso ante la justicia. Gracias al acompañamiento judicial, el Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia mediante la cual ordenó la restitución por compensación, ya que el predio reclamado fue expropiado por la ANI porque está incluido dentro del proyecto de interés nacional para construir la vía Villavicencio -Yopal.

Entre tanto la URT, a través del Grupo Fondo, compensará a los beneficiarios con la compra de un nuevo predio en el sitio que ellos elijan y de similares características al que abandonaron por causa del conflicto. 

El Tribunal declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa por parte del opositor. También, la justicia dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de la familia restituida en los proyectos y oferta institucional de las entidades del Estado, entre otros beneficios.