Una abogada, actual contratista del área de presupuesto de la Gobernación de Casanare, fue capturada este miércoles por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad en documento público.

El procedimiento se llevó a cabo cuando la mujer ingresaba al edificio de la Gobernación para iniciar su jornada laboral, pues tiene un contrato de prestación de servicios con el objetivo de apoyar la elaboración de actas y resoluciones del Consejo Departamental de Política Fiscal (CODFIS) y la custodia de actos administrativos de la Dirección de Presupuesto.

De acuerdo con las investigaciones, la profesional estaría presuntamente vinculada a una red de abogados que, desde Aguazul y en coordinación con personas en otras ciudades del país, habrían engañado a víctimas de accidentes de tránsito. Según la Fiscalía, los implicados contactaban a los afectados para ofrecerles sumas de dinero inferiores a las indemnizaciones reales, mientras negociaban con las aseguradoras montos más altos, apropiándose así de la diferencia económica obtenida de forma al parecer ilícita.

El caso salió a la luz tras una auditoría interna realizada por una de las aseguradoras afectadas, la cual detectó presuntas irregularidades en pagos de indemnizaciones. Los hechos investigados se remontan a los años 2016 y 2019, cuando la profesional en cuestión se desempeñaba como asistente administrativa en una oficina de abogados en Aguazul. La denuncia fue presentada por la representante legal de la empresa aseguradora, quien entregó a las autoridades los hallazgos que dieron inicio al proceso judicial.

Las autoridades informaron que esta sería la primera de varias capturas que se esperan realizar en el marco de esta investigación. 

Sobre el hecho, la secretaria de Hacienda de Casanare, Gloria Lucía Rivera Gómez, aclaró que las actividades por las cuales la contratista es investigada no guardan relación con sus funciones en la administración departamental. Señaló que Rivera Roa cuenta con todos los documentos y antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en regla, y que su vinculación contractual fue revisada conforme a la ley.