Con información de elespectador.com

El archivo de las investigaciones que se adelantaban simultáneamente en la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría contra el exministro Germán Vargas Lleras sacó a relucir lo que siempre se dijo respecto a varias pesquisas por presuntos nexos con el paramilitarismo en el Casanare: la existencia de un entramado de instigadores y testigos falsos, dedicados a hacer infundadas acusaciones ante la justicia. Es decir, a fraguar montajes judiciales para desprestigiar dirigentes de la política regional y nacional.

En dos informes, El Espectador había advertido sobre la existencia de estas irregularidades. El domingo 16 de septiembre de 2012, bajo el título “El testigo temerario que agita a la justicia”, y el domingo 3 de marzo de 2013, con el titular “La ronda de testigos en caso Vargas Lleras”, este diario dio a conocer los pormenores del montaje que acaba de ratificar la justicia. Un escenario en el que todos los caminos condujeron al mismo personaje: el ganadero y empresario de la región Carlos Gabriel López.

En esencia, lo que se pretendía era asociar al ex ministro Vargas Lleras con el jefe de las autodefensas del Casanare, Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, y con el extraditado narcotraficante Néstor Ramón Caro Chaparro. En el curso de las indagaciones de la Corte Suprema y de la Procuraduría, ambos personajes desmintieron las acusaciones. Sin embargo, en medio de los señalamientos fueron apareciendo varios exparamilitares, cuyos testimonios también confundieron a la justicia.

Literalmente, la Corte Suprema observó: “Todo parece indicar que el empresario ganadero Carlos Gabriel López Chaparro está detrás del entramado que se mueve a través de un verdadero cartel de testigos, otrora integrantes del grupo criminal de Martín Llanos, que como útiles eslabones se desplazan por instancias judiciales de la mano de su mentor y auspiciador para satisfacer oscuros propósitos”. Esta vez era un complot contra el exministro y excongresista Vargas Lleras, pero ya había sucedido con dirigentes políticos del Casanare.

En particular, en el proceso en el que se llevó a juicio al exalcalde de Tauramena Milton Hérber Álvarez, también aparecieron los mismos testigos. El pasado 2 de mayo, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal absolvió al líder político y reconoció la existencia de testigos direccionados por las denuncias del ganadero Carlos Gabriel López. Ahora, en el caso Vargas Lleras, tanto la Corte Suprema como la Procuraduría reconocieron que al parecer existió “un complot urdido por el empresario Carlos López”.

A mediados de 2012, cuando surgió la noticia de que la Procuraduría iba a investigar a Vargas Lleras por presuntos nexos con el jefe paramilitar Martín Llanos, el entonces ministro señaló directamente a Carlos López, y también relacionó al ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. A pesar de que en desarrollo de las pesquisas judiciales se probaron los cercanos nexos entre López y Santiago Uribe, por lo pronto la conclusión de la justicia es que el primero de los mencionados pudo ser el gestor del montaje.

Cada investigación aportó datos nuevos. Por ejemplo, la Procuraduría, el testimonio del condenado mayor del Ejército César Maldonado, quien ratificó que en la cárcel La Picota de Bogotá fue abordado por un exparamilitar conocido como Menudencias, para exigirle que declarara contra Vargas Lleras.

De igual modo adjuntó el testimonio del coronel retirado Juan Carlos Castañeda, a quien también le cayeron para que tratara de involucrar al exministro con el extraditado narcotraficante Néstor Ramón Caro.

La Corte Suprema de Justicia fue más allá y además de desentrañar el montaje judicial contra Vargas Lleras, ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue no sólo a los testigos falsos, sino otras extrañas situaciones que salieron a relucir en medio de las pesquisas. Por ejemplo, las alusiones al empresario Andrés Rueda, exjefe de la campaña presidencial de Álvaro Uribe en Casanare, por supuestos vínculos con las estructuras ilegales de Martín Llanos y de Miguel Arroyave.

De igual modo, se ordena aclarar las actuaciones de la empresa petrolera Perenco, para confirmar o desmentir señalamientos de un exintegrante de las autodefensas del Casanare. En ese mismo acápite se dispone remitir a una fiscalía específica estas declaraciones para que apoyen el esclarecimiento del robo de una aeronave en el Casanare. De igual modo, la Corte Suprema pide que se evalúen otros nombres de personas reconocidas, mencionadas en reuniones con Martín Llanos en Casanare.

Como determinación adicional, la Corte también pidió que se aclare un supuesto combate registrado en la finca La Dorada, en Tauramena, propiedad del ganadero Carlos Gabriel López, donde murieron tres personas. En tal sentido, pide que se evalúe si el propio ganadero, su hijo Juan Carlos López, el teniente César Augusto Cómbita, el subteniente Gustavo Alberto Parada y el soldado Gabriel Bonilla pudieron incurrir en alguna conducta punible. Obviamente, para establecer si López tuvo vínculos con Martín Llanos.

Esta coincidencia de argumentos entre la Procuraduría y la Corte Suprema respecto al montaje judicial contra el exministro Vargas Lleras se produce en momentos en que fue radicada ante el Ministerio Público una queja del exalcalde de Tauramena Javier Álvarez, hermano del también exalcalde Milton Álvarez, para que se investigue la conducta del subintendente Franky Márquez Duarte y el patrullero Javier Gaona Malpica, quienes, al parecer, en apoyo del ganadero López, determinaron varios de los falsos testimonios.