De acuerdo con la Ordenanza 016 de 2017 que modificó la distribución de recursos de estampilla para el bienestar del Adulto Mayor Departamental, los cuales ya no son transferidos a los municipios, sino ejecutados directamente por el Departamento.
Se recordó la importancia de mantenerse alejados de la influencia de grupos armados o delincuenciales, así como las delicadas consecuencias de incursionar en estos.
Se trata de internados que tenían como objetivo favorecer a población en estado de vulnerabilidad. Por estos dos contratos el detrimento patrimonial sería cercano a los 4.000 millones de pesos. Un alcalde y varios de sus funcionarios también son investigados por los mismos hechos.