La Senadora Maritza Martínez Aristizábal dijo ayer en el debate de control político sobre los impuestos que pagan las empresas de la gran minería en Colombia, que el Gobierno Nacional no tiene controles fiscales para este sector y llamó la atención sobre un informe divulgado por la Contraloría General de la República, en el que se demuestra la ausencia de un Estado fiscalizador.

Según el documento, dijo la Senadora, los procesos de recaudo, fiscalización, liquidación de regalías, así como el control efectivo a la ilegalidad son las grandes falencias que no permiten el desarrollo del sector y verdaderos beneficios para los colombianos.

La Senadora llamó la atención en estos tres aspectos: En cuanto al sistema para la liquidación y recaudo de regalías, denunció, como dice el documento del ente de control, que no se garantiza que los proyectos mineros retribuyan al Estado como lo estipula la ley y que Ingeominas realiza cálculos manuales utilizando como herramienta tablas de Excel. En el cálculo de regalías del contrato La Loma pagó el diseño de una aplicación informática, que nunca se puso en funcionamiento.

En cuanto a los procesos efectivos de fiscalización integral de la actividad minera, éstos se centran en el tema minero sin abarcar en profundidad temáticas transversales, como seguridad y medio ambiente. Y finalmente en lo que tiene que ver con el control efectivo de la ilegalidad minera, ésta pasó del 36% al 54%, según el censo del Ministerio de Minas y Energía. “Hay mayor actividad ilegal y el 46% legal no está supervisado por el Estado”, concluyó la Senadora.

Al debate de control político sobre los impuestos que pagan las empresas de la gran minería en Colombia y las relaciones de dichas empresas con el Estado colombiano, asistieron el Ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, y el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega.