Familias víctimas de los falsos positivos en los departamentos de Casanare, Meta, Caquetá, Arauca y Guaviare, se reunieron convocadas por la Comisión de la Verdad este jueves en un hotel campestre de Villavicencio.

A través de este encuentro la Comisión de la Verdad inicia la ruta para la dignificación de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades, que involucra a miembros de la Fuerza Pública en las ejecuciones extrajudiciales.

Para la Comisión de la Verdad, abrir el espacio de escucha a las víctimas y propiciar el reconocimiento público de responsabilidades para dignificarlas, es un tema fundamental para construir las recomendaciones que se dejarán al país en el informe final. Los falsos positivos están catalogados como un crimen de lesa humanidad.

En las investigaciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) establecieron que, en el país, en el lapso entre 2002 y 2008, se registraron al menos 6.402 casos de “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

 En el listado, los tres primeros departamentos afectados por este fenómeno son Antioquia, Meta con 394 casos y Caquetá con 345. Sin embargo, el alto número de personas desaparecidas asociadas a este crimen permite sospechar que pueden ser muchas más las víctimas.

En Aguazul, Yopal y Monterrey (Casanare) la Décimo Sexta Brigada reportó entre enero de 2005 y diciembre de 2008 un total de 24.324 bajas en combate, de las cuales la Jurisdicción especial para la Paz (JEP) logró contrarrestar que 7.279 de estas bajas serian muertes cuestionadas.

En el Meta la mayoría de los asesinatos habrían ocurrido en la región del Ariari y estarían atribuidos a integrantes del Batallón 21 Vargas de Granada, como lo han revelado excombatientes de las autodefensas. Los casos se presentaron entre los años 2002 y 2008. El 2007 fue el más alto de victimizaciones.

En Arauca, entre 1993 y 2001 se identificaron 103 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, según la JEP. Entre 2002 y 2008 se registraron 158 víctimas, casos en los cuales aparecen como responsables la Brigada Móvil No 5, el Batallón Especial Energético y Vial No 1 ‘General Juan José Neira’ y el Grupo de Caballería Mecanizado No 18 ‘General Gabriel Revéis Pizarro’.