El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la compensación a una mujer y a su hijo, quienes fueron desplazados de su finca ‘La Esperanza’, ubicada en la vereda Manzanares del municipio de Acacías, Meta. Esta decisión se destaca por su enfoque diferencial, reconociendo las particularidades de los sujetos en condición de especial protección, en este caso, debido a la situación de analfabetismo que enfrenta la madre.

La historia de esta familia se remonta a 1978, cuando el padre de la mujer adquirió el predio de siete hectáreas. En 1983, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) le adjudicó oficialmente la propiedad. En ‘La Esperanza’, construyeron un hogar donde cultivaban plátano, café y yuca. Pero en 1991 falleció el padre y la hija continuó luchando por mantener su hogar y darle sustento a su hijo.

No obstante, el año 2002 marcó un antes y un después en sus vidas. Guerrilleros de las Farc, que hacían presencia en la zona, llegaron a su vivienda para informarles que debían abandonar el predio debido a inminentes enfrentamientos entre el Ejército y los paramilitares. Sin más opciones, madre e hijo huyeron hacia Villavicencio, dejando atrás sus tierras, cultivos y pertenencias.

Con el paso del tiempo y tras la implementación de la Ley 1448 de 2011, esta mujer decidió recuperar su hogar. Acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, (URT), que llevó su caso ante la justicia. Hoy, el juez especializado ordenó la compensación, por lo que la entidad deberá comprarle un nuevo predio con condiciones similares al que abandonó forzadamente.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, expresó su satisfacción con esta nueva sentencia: “es un paso significativo hacia la reparación integral de esta mujer víctima del desplazamiento forzado. Este fallo no solo reconoce su sufrimiento, sino que también le ofrece acceso a una oferta institucional del Estado para garantizar su bienestar”.

Este caso resalta la importancia del enfoque diferencial en los procesos judiciales relacionados con víctimas del conflicto armado, subrayando cómo el analfabetismo no debe ser una barrera para el ejercicio pleno de derechos en este país.

“La URT continúa trabajando de la mano con los jueces y magistrados especializados en restitución, con el fin de asegurar que las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en Meta y Guaviare reciban el acompañamiento necesario para reconstruir sus vidas en un entorno más justo y equitativo”, concluyó Barreto Lara.