En julio de 1997, el país fue testigo de uno de los crímenes más dolorosos del conflicto armado: la masacre de Mapiripán, en Meta. Durante cinco días, entre el 15 y el 20 de ese fatídico mes, paramilitares entraron al municipio y cometieron actos de extrema crueldad. 

Estos hechos marcaron la historia de Mapiripán. Más del 70% de su población fue desplazada forzosamente. Décadas después, muchas de las familias afectadas aún buscan la reparación de sus derechos y el retorno a su territorio.

En la conmemoración de los 28 años de esta masacre, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ratificó su compromiso con las víctimas. Robert Gabriel Barreto, director territorial de la entidad en Meta, reveló que, a la fecha, la URT ha recibido 1.660 solicitudes, de las cuales 701 están en etapa administrativa, y que hay 193 casos en etapa judicial.

El funcionario indicó que 65 sentencias han sido proferidas por los jueces a favor de las víctimas de despojo y abandono forzado. Además de ser mecanismos de restitución, los fallos emitidos han sido fundamentales para reconstruir la memoria colectiva, visibilizar a la comunidad y brindar garantías de no repetición.

“La masacre de Mapiripán es una herida profunda en la historia del Meta y del país. Desde la URT rendimos homenaje a las víctimas, trabajando con hechos: restituyendo tierras, formalizando derechos, reconstruyendo memoria y asegurando que estos horrores no se repitan nunca más”, afirmó.

Un acto de memoria, resiliencia y reconocimiento

En esta conmemoración, se realizó un acto simbólico y cultural en el predio ‘La Esperanza’, ubicado en el municipio de Restrepo. El evento fue organizado por la Asociación de Mujeres Campesinas y Desplazadas del Meta (ASOMUDEM). 

Durante esta jornada de memoria, reflexión y resiliencia, se realizaron presentaciones teatrales, mapas cronológicos y espacios de palabra en los que las víctimas compartieron sus relatos. Este homenaje contó con la participación de diversas entidades del Estado y de la sociedad civil, entre ellas: la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Gobernación del Meta, Defensoría del Pueblo, Prosperidad Social y la ONG Humanidad Vigente.