Los periodistas en ejercicio en el departamento de Casanare rechazan nuevamente los hostigamientos al derecho a informar y estar informado que ampara a todos los ciudadanos de Yopal, provenientes de la Alcaldía de Yopal y orquestados, principalmente, por el mismo alcalde Jhon Jairo Torres Torres, el secretario privado Carlos Cárdenas Ortiz y su jefe de prensa Yesid Gómez, persona esta última conocida con el sobrenombre de “uribito”.

Los periodistas del departamento han develado un plan sistemático tendiente a impedir que se registren hechos judiciales en curso que afecten la situación jurídica que rodea al mencionado mandatario, al igual que sucesos que se generan a través de las decisiones gubernamentales que desde la órbita de la administración se han tomado.

No se trata de modo alguno de un ataque de la prensa a estas personas, tan solo el registro de noticias no inventadas y sí provenientes de actos jurídicos de entidades legal y legítimamente establecidas como son los juzgados, el Tribunal Administrativo de Casanare, el Tribunal Superior de Yopal, la Fiscalía General de la Nación, entre otras.

Ese y no otro es el papel y responsabilidad de los periodistas y no puede pedirse cosa distinta a los mismos que dar a conocer asuntos que son de interés de la ciudadanía. Pretender la Alcaldía coartar a la prensa para que no las divulgue de una parte, y pretender los periodistas ocultar estos hechos de otra, en nada contribuyen a la democracia y derecho informativo que ampara a los ciudadanos.

Los periodistas de Casanare dejan manifiesto, una vez más la serie de acciones agresivas de parte de la Alcaldía, basados en los siguientes hechos.

Los más recientes sucesos se dieron inicialmente cuando el periodista adscrito a la emisora La Voz de Yopal, Javier Gaviria, dio a conocer que el director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal –Idry- Wbeimar Nairoby Yurgaki tiene en curso varias investigaciones por denuncias de presunto acoso sexual en medio de su ejercicio como profesor en varias veredas del departamento. Denuncias que existen como tal y no han sido aclaradas suficientemente.

Cabe recordar que el nombramiento de personas en cargos públicos, especialmente en aquellos cuya misión se desarrolla con niños y jóvenes, no pasa solo por lo jurídico sino que deben tener un estricto criterio de la probidad de esas personas. Desde luego, para bien del funcionario y de la población objeto de la entidad, esperamos que pronto se esclarezca la situación.

Asunto muy distinto es que el alcalde Torres Torres pretenda desviar la atención de la verdadera esencia de la noticia en mención y darle un matiz de discriminación racial, aspecto que nunca fue tenido en cuenta en el registro periodístico pues se trata de un tema jurídico y administrativo.

Convocar a la población afrodescendiente a reuniones bajo el pretexto de darle participación en la construcción del plan de desarrollo y llevarlos a estas reuniones para incitarlos a lo que denomina “defenderlo y defenderse de los ataques racistas de los periodistas” es, ni más ni menos, que una actitud peyorativa y de menosprecio del mandatario a la capacidad de comprensión y análisis de los ciudadanos afrodescendientes. Una manipulación vil a una franja de la población que merece todo el respeto.

Derivado de estas incitaciones, el periodista ha denunciado ante las instancias posibles que ha recibido amenazas, como quiera que son las primeras que se dan en ejercicio de su oficio y en una estrecha circunstancia de temporalidad o simultaneidad. Aclaramos que no son necesariamente provenientes de ciudadanos afrodescendientes pero sí en este contexto.

Posteriormente, los periodistas Hugo Montes y Miguel Ángel Cristancho, de la emisora Manatial Stereo, realizaron una entrevista al periodista Javier Gaviria y al director del Idry Wbeimar Nairoby Yurgaki, es decir con los dos tópicos de una misma noticia. Esto fue suficiente para que la Alcaldía, por el conducto oficial y en un hecho insólito, produjera un comunicado de prensa en el que por este episodio les califica con términos agresivos como “ratas” y “ladrones”, para en medio de todo ello recalcar en la exacerbación de ánimos con los señalamientos de racismo.

Para finalizar la seguidilla de andanadas, circuló a través de grupos de WhatsApp tanto de comunicación con sus subalternos como con algunos líderes y simpatizantes del Movimiento La Bendición, mensajes de los cuales llama la atención lo siguiente.

Se redacta el día 24 de febrero y se distribuye en horas de la noche, en una clara estrategia para distraer a la audiencia radial matutina del día 25 de febrero, conscientes de que necesariamente se registraría la noticia sobre el pronunciamiento del Tribunal Superior de Yopal determinando la no nulidad de lo actuado en las audiencias llevadas a cabo en el juzgado tercero penal del circuito de Yopal y, por lo tanto, la continuidad del proceso penal que allí se le sigue.

El mensaje proviene de un grupo de WhatsApp denominado JJ TT GABINETE y que, según fuentes cercanas al círculo de poder del Alcalde maneja el Secretario Privado de la Alcaldía Carlos Cárdenas Ortiz para coordinación de interés de trabajo. En el mismo estarían agregados secretarios de despacho, gerentes de entidades descentralizadas, concejales, asesores y demás. Estas mismas fuentes han indicado que existen otros grupos por ese mecanismo para instruir a algunos líderes cercanos del movimiento político.

La redacción a todas luces busca reiterar la idea fomentada desde allí en el sentido de que todo lo que informen los periodistas carece de veracidad y no debe ser tenido en cuenta. Los trata una vez más de extorsionistas y le pide a sus contactos que difundan masivamente a los ciudadanos tal mensaje.

Y es de esta manera como las personas mencionadas al inicio de este comunicado imparten directrices que distorsionan la realidad y buscan que la información, que no es opinión, no llegue de manera clara a los ciudadanos, menoscabando su sagrado derecho a estar informados. Y de paso, generan riesgos para los comunicadores, que podrían traducirse en caso extremo en atentados a la integridad física de ellos y sus familias.

En un acto de responsabilidad damos a conocer esta realidad a la comunidad pero también a las autoridades competentes y las agremiaciones periodísticas del país. Olvida el alcalde Jhon Jairo Torres – o hace caso omiso- a lo que en ya reiteradas ocasiones le han manifestado los gremios periodísticos: en su rol de mandatario no solo debe observar respeto al ejercicio de la prensa sino que además debe proteger el mismo.

Con sus acciones, por el contrario, ha derivado a que a través de redes sociales como Facebook se emitan amenazas contra la vida y seguridad de estos periodistas, amenazas que ya están siendo investigadas por las autoridades pertinentes.

Así no se construye paz ni se ejercen liderazgos. Por el contrario se siembra violencia física y se sesga el derecho de esa comunidad a la que se gobierna bajo el pretexto de su defensa.

Anexo a este comunicado dejamos las pruebas de nuestra afirmación.