Por Oscar Medina Gómez*

La cosa es recurrente. Es una especie de disco rayado: en Casanare la gente se está suicidando. En las últimas 24 horas se presentaron tres casos. Y se evitaron otros tantos intentos. Semanalmente los portales noticiosos, los periódicos y las emisoras dan cuenta de estos hechos.

El drama cunde por todo el departamento: Trinidad, Paz de Ariporo, Tauramena, Yopal, Aguazul, Orocué, Maní, Sácama, Villanueva, Nunchia, Pore, Sabanalarga…Ningún municipio –tanto en los cascos urbanos como en zonas veredales- escapa a esta especie de “arremetida mortal” por cuenta de los suicidios de los casanareños.

Y eso que se han evitado numerosos intentos de personas que, por mano propia, querían acabar con su vida. Ya por la intervención oportuna de los vecinos, de los familiares o de las autoridades. De lo contrario, serían más las horas de dolor y los ríos de lágrimas.

Todos los suicidios, a cualquier edad que se cometa, deben llamar la atención. Prender las alarmas. Eso no se discute. Pero también soy de los que piensan que cuando un individuo mayor de edad, hombre o mujer, hecho y derecho, con plena madurez mental –digamos arriba de los 40- decide acabar con su vida, ya por causas económicas, por decepciones amorosas, por falta de empleo, por su condición sexual, por una severa crisis depresiva o por las razones que sean, es más difícil evitarlo. Por supuesto, si el caso se detecta a tiempo hay que intervenir y tratar de parar esa decisión. Pero, insisto, la cosa es más compleja.

De ahí que la atención primaria de las autoridades gubernativas debe enfocarse al foco poblacional donde están los menores de edad, los adolescentes y los jóvenes adultos. Esa inmensa masa de personas que se encuentra entre los 7 y los 33 años. Allí es hacia donde mayoritariamente las autoridades de lo que llaman un poco fanfarronamente “salud mental y emocional” deben dirigir su trabajo. Poner el ojo en ese segmento poblacional.

En la Secretaría de Salud Departamental a diario se escucha que se destinan centenares de millones para “Salud Mental”, el programa estatal encargado de emprender acciones no sólo para evitar los suicidios sino la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de tabaco y alcohol, entre otros males. Todos los años oímos hablar de esos temas.

Pero cuando a diario los casanareños estamos leyendo y siendo testigos excepcionales de que mediante la ingesta de raticidas se siguen suicidando los niños de escuelas y colegios porque les fue mal en los exámenes. O los adolescentes se están ahorcando, cortando las venas, emborrachándose y metiendo marihuana, bazuco y cocaína porque terminaron un noviazgo, pues es válido preguntarnos.

¿Qué están haciendo en la Secretaria de Salud Departamental y en las municipales para tratar de evitar al máximo esta tragedia humana? ¿Cómo, cuándo, en qué y en dónde se están invirtiendo esos centenares de millones de pesos destinados a la prevención y el apoyo? ¿A dónde están yendo a parar esos cuantiosísimos recursos públicos? Acaso ¿se están despilfarrando? ¿O, lo que muchos tememos, esos bultos de dinero están en el fango de la corrupción?

El fenómeno suicida en Casanare, el consumo de drogas alucinógenas, el consumo de bebidas embriagantes y demás amenazas sociales de ese tipo, revisten una importancia capital. Tienen que mover con urgencia a los responsables que desde los gobiernos municipales y departamental, están al frente de estos asuntos, que impactan muy hondo a una sociedad.

No puede ser que mientras vemos el reguero de niños y jóvenes muertos, de drogadictos, de borrachos adolescentes, los gobiernos de turno sigan echando disculpas al viento, lavándose las manos alegando que “…estamos muy preocupados. Estamos tomando medidas. Estamos adelantando acciones. Vamos a reunir el comité…” ¡Pamplinas!

Menos decorado del escenario. Menos juego interminable de ping-pong. Necesitamos respuestas claras. Y pronto. Digo yo.

*Periodista