Por: Oscar Medina Gómez **

La Sala Plena de la Corte Constitucional volvió a pronunciarse frente al porte y consumo de la llamada dosis mínima de drogas ilícitas. Ha dicho que en Colombia no se puede penalizar a la gente que lleve consigo hasta 22 gramos de marihuana y uno de cocaína. En palabras claras: quien porte para su consumo hasta esas cantidades de droga no puede ser judicializado. La policía no lo puede detener, empapelar y menos tildarlo de delincuente. Es ilegal hacerlo. Fue más allá ese alto tribunal: a esas personas se les debe tratar como a enfermos. Por consiguiente buscar su rehabilitación.

Los “honorables” togados -que en 1994 con Carlos Gaviria como presidente ponente ya habían despenalizado la dosis mínima- sentenciaron su posición después de analizar una demanda de David Delgado, ciudadano que pedía declarar inexequible el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011 o Ley de Seguridad Ciudadana (modificatoria del Código Penal) aprobada por los “honorables” congresistas en julio de 2011. Esta Ley dejaba sin piso la dosis mínima e imponía duras penas a los consumidores, que podrían ser procesados y encarcelados entre 5 y 9 años. Aunque la Corte no tumbó la ley, si dejó claro que la dosis mínima es inviolable. Es un derecho íntimo de los individuos a la dignidad, la autonomía, la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.

Contrario al Procurador General Alejandro Ordoñez, quien dijo que esto era un delito, celebro lo que decidió la Corte. No porque sea un defensor de la drogadicción, ni de los narcotraficantes, del delito o cosa parecida. Claro que no. Es porque con esta decisión el país va por el camino correcto. Se refuerza más el propósito de la legalización definitiva, que en la última década ha venido tomando forma no solo en Colombia sino en el mundo entero.

Es tal su poder y penetración corruptora, que desde hace 45 años el narcotráfico se ha convertido en la razón de ser y existir de muchos males: terroristas disfrazados de guerrilleros de las FARC, ELN o como se quieran llamar; bandoleros asesinos -también terroristas- disfrazados de paramilitares que dicen luchar contra sus colegas disfrazados de guerrilleros; BACRIM -por supuesto terroristas- que azotan a diestra y siniestra a punta de secuestros, extorsiones y ejecuciones. Congresistas -terroristas de las leyes- que se dejan tentar por la ambición del dinero fácil: Eduardo Mestre, Enrique Chapman, Luis Fernando Almario, Juan Carlos Martínez, por apenas recordar a algunos “honorables”. Fuerzas Militares -a veces terroristas- con generales -Santoyo-, coroneles, capitanes, tenientes y soldados untados hasta los huesos. Fiscales, jueces, periodistas, ministros.

La ilegalidad es de lejos el espíritu que mantiene vivas a todas esas lacras del mundo moderno. Es lo que hace atractivo y multimillonario ese negocio. Es lo que permitió que personajes como Evaristo Porras, Pablo Emilio Escobar Gaviria, Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha, los Ochoa, los Rodríguez Orejuela, Leonidas Vargas, Juan Carlos Ramírez alias “chupeta”, Néstor Ramón Caro alias “el duro”, Wilber Varela alias “jabón”, Diego León Montoya alias “don Diego”, Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario”, entre los más famosos, amasaran fantásticas fortunas a costa de miles de muertos, no solo los causados por las vendettas sino por el consumo.

Legalizar las drogas y alucinógenos como la marihuana, la cocaína, la heroína, el hachís y otras sintéticas como el LSD y el éxtasis sería el comienzo del fin para un negocio que por ser hoy ilegal mueve al año en el mundo la extraordinaria cifra de 145 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el delito, ONUDD. De ese billete, alrededor de 110 mil millones se van para los Estados Unidos de América.

Me aviento a especular que, fijando un periodo de tiempo que podría ser 10 años, esa legalización, por ejemplo, tendría que ser anualmente gradual, progresiva. No de un tajo porque se nos revienta todo el mundo. Sino de a poquito. Para que no duela tanto y la gente se vaya aclimatando al nuevo estado de cosas. El gobierno -sigo aventándome- sería quien se encargue de fijar tarifas, montos, calidades, precios, pesos, medidas, zonas de cultivos, subsidios, expendios, procesadoras y todo lo demás eslabones relacionados con una, sin duda, actividad que amparada y vigilada por la legalidad estatal generaría miles de empleos y billones de pesos en impuestos y divisas.

Con el paso de los años ocurriría ni más ni menos que lo mismo que hoy ocurre con los generosos impuestos que producen el tabaco y el alcohol en todas las naciones. En manos de sector privado el gobierno vigilaría la producción, distribución, venta y comercialización de las drogas. Y, es obvio, serían en conjunto el gobierno y los privados los llamados a desplegar intensas campañas mediáticas y presenciales en escuelas, colegios y universidades, centros de prevención, resocialización y tratamiento alertando a la gente sobre los riesgos de caer en el consumo. Al tema tendría que dársele una prioridad de urgente problema de salubridad pública. No estoy loco, ni ido, ni alienado. No. Es la voz de la sensatez la que habla, ante tanto muerto, tanta sangre, tanto dolor, tanta corrupción, tanta desvergüenza y doble moral por parte de todos.

Hay, claro, toda suerte de temores y fantasmas válidos entre quienes se oponen. Que vendría una ola desenfrenada, una fiebre consumista inatajable. Que nuestros niños y jóvenes se destruirían irremediablemente. Que los más poderosos monopolizarían el negocio. Que los mercados consumidores aumentarían exponencialmente de forma imparable. Que la corrupción se apoderaría de la actividad. Que legalizar la marihuana y la cocaína va contra las leyes de dios. En fin. Notaron algo: todos esos fantasmas y temores ocurren hoy día, salvo el último, porque las drogas son un asunto terrenal no divino. Así que, si llegaren a darse en una eventual legalización, pues que lleguen bajo el amparo de la misma ley, para que sean las mismas autoridades quienes se encarguen de irlos regulando y desapareciendo.

La tendencia hacia la legalización será imparable. Países como Colombia, Guatemala, Costarica, Argentina, Ecuador, Bolivia, van por ahí. Lo mismo algunos estados de USA como Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y California tienen ahora leyes menos represivas contra el consumo. En Uruguay el propio presidente José Mujica, a través de su partido Frente Amplio, propuso una legalización regulada. La propuesta deberá discutirse en el Congreso.

Es evidente. Hace más daño y envilecen más la ilegalidad y la doble moral que todos llevamos puesta, que un porro de marihuana. Digo yo.

** Periodista - Especialista en Gobierno Municipal y Gestión Pública
Pontificia Universidad Javeriana