Por: Elespectador.com

El agua, que no es poco, no llega: no pueden tomarla, no pueden bañarse, no pueden tener acceso a un sistema digno de limpieza. Y con eso viene lo peor: la enfermedad, representada en esta ocasión por la epidemia de diarrea que experimenta su población. La bacteria E. coli y el rotavirus están presentes en cada litro de agua.

Increíble que una población que es capital de un departamento, y que nadó, por demás, en las regalías del petróleo, no tenga acceso a un derecho humano básico. Y son dos años, para cerrar las cuentas. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no se han dado soluciones? ¿En qué momento se dejó a la deriva el acueducto? ¿Qué han hecho, pues, las entidades locales? Y, ante su inoperancia, ¿qué han hecho las nacionales?

Fue la Procuraduría la que abrió investigación para encontrar a los responsables políticos: el pasado 8 de marzo se puso a indagar, nombrando a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia y a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Vamos a ver qué queda de eso. Y está bien. Es necesario en términos de control. El problema de fondo, sin embargo, reside principalmente en los términos materiales de los que hablamos: el agua potable que no fluye, que no llega, que se ha demorado dos largos años en pasar por las bocas de sus habitantes.

Y protestan los habitantes, generando de rebote más problemas. Han bloqueado las vías que conectan al departamento de Casanare con Arauca, Meta y Boyacá. Lo que implica pérdidas económicas grandes. Suena a “vías de hecho”, como resueltamente decidió calificar el Gobierno Nacional las protestas que se hacen. Y puede que lo sean, sí, pero por algo existen. Las razones de fondo sólo se pueden citar en términos de su crudeza: “llevamos una hora esperando que nos regalen una gota de agua”.

Siendo el problema uno básico, vámonos, entonces, a lo básico. El artículo 288 de la Constitución establece los tres principios básicos de la administración pública: concurrencia, coordinación y subsidiariedad. Se trata de algo más bien simple cuando uno revisa la sentencia C-149 de 2010 de la Corte Constitucional. Concurrencia para que, en distintas materias problemáticas, los niveles de la administración se unan. Coordinación, para que en ese ejercicio haya una relación armónica entre el Gobierno Nacional y la administración local, todo con tal de que no haya choques o, peor, vulneraciones a la autonomía territorial. Y subsidiariedad en su sentido negativo: si es incapaz el nivel local, que el nacional entre a suplirlo.

El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, afirmó que es culpa del gobierno local, por rechazar la ayuda ofrecida por el Fondo de Adaptación. Dice, asimismo, que no se han presentado proyectos definitivos, ni diseños, todo culpa de la alcaldía y la gobernación.

Al margen de esto, nos preguntamos: ¿se han cumplido estos tres principios en el caso de Yopal? No. Llegó la hora de que entidades locales y nacionales se unan para resolver esta traumática situación. Ya no es más una ineptitud o un acto corrupto que entorpece el deber ser de las cosas, sino una irresponsabilidad flagrante que recorta una necesidad básica de la población colombiana. Y parece no preocupar mucho. No hace tanto ruido como se esperaría. Que no esperen los gobiernos un escándalo mediático más grande o una protesta civil de más envergadura. Es agua, al fin y al cabo. Se les hizo tarde a la hora de actuar.