Por: EDITORIAL eltiempo.com

Las fuertes protestas que tuvieron lugar a mediados del mes en Yopal, cuando la ciudadanía salió a las calles para expresar su descontento con la falta de una solución para la crisis del acueducto, que está cerca de completar dos años, han vuelto a poner de presente el asunto de las administraciones locales y regionales en Colombia. En una nación que desde hace más de un cuarto de siglo escogió el camino de la descentralización –un modelo ratificado por la Constitución de 1991–, el debate es fundamental.

Y es que, a pesar de la autonomía política de la que gozan municipios y departamentos, los resultados dejan mucho que desear. La politiquería y la corrupción forman parte de la realidad cotidiana al impedir que se hagan bien las obras o que los servicios que se le proveen a la gente sean de buena calidad. En muchas oportunidades se alega que el problema es de escasez de recursos, pero ese argumento no siempre es válido.

El caso casanareño es dramático. Según las estadísticas del Dane, el departamento es el que tiene el ingreso por habitante más alto del país, calculado en 41 millones de pesos anuales para el 2011. Esa suma no solo triplica el promedio nacional, sino que es más de dos veces la correspondiente a Bogotá. Incluso, es mayor que la de Chile, que encabeza las clasificaciones en América Latina.

La razón de que ello sea así no es otra que la riqueza petrolera, que ha cambiado de manera dramática la economía regional, que en pocos años pasó de ser primordialmente ganadera a depender del sector extractivo. Por cuenta de esa realidad, el Casanare ha recibido cerca de 1,5 billones de pesos en regalías desde el 2009, aparte de millonarias inversiones de empresas que siguen explorando y explotando hidrocarburos en su territorio.

Lamentablemente, semejante ‘lotería’ se ha encontrado con una voracidad sin límites de una dirigencia cuyo desempeño es vergonzoso y que se ha aliado en ocasiones con grupos violentos para meterle mano al erario. De los siete gobernadores elegidos en algo más de dos décadas, seis no concluyeron sus periodos debido a decisiones disciplinarias. Según publicó este diario, Nelson Mariño, el más reciente, dejó como herencia 1.547 contratos de prestación de servicios con mensualidades de entre 1,3 y 6 millones de pesos, cuyos beneficiarios no tienen ni siquiera el decoro de aparecer por las secretarías a las que supuestamente están adscritos.

Y en lo que hace a Yopal, la alcaldía cuenta con los fondos para hacer la obra del acueducto, pero incurrió en una inexplicable demora para contratar los diseños. Al tiempo que ello ocurre, se ha resistido a aceptar la ayuda que le ofrece el gobierno central, presumiblemente porque tendría que rendir cuentas sobre los gastos efectuados.

Ejemplos similares, es menester reconocerlo, se encuentran por centenares a lo largo y ancho del país. Desde Bogotá –en donde tuvo su génesis el cartel de la contratación, cuyos tentáculos se extendieron hasta el propio Concejo distrital– hasta los municipios más apartados, lo usual es la desidia y el saqueo de los dineros públicos.

La situación es tan compleja que se cuentan con los dedos de una mano los casos ejemplares. Medellín, a la que no le faltan los desafíos, ha contado con la fortuna de tener una dirigencia responsable, en la que el sector privado vela por la buena gestión de la capital antioqueña, en compañía de un electorado que pocas veces se ha equivocado. Barranquilla, a su vez, ha dado un vuelco extraordinario, mientras que Cali empieza a renacer después de lustros de oscuridad.

Un puñado de ciudades de menor tamaño también se comporta bien, pero son más excepcionales que usuales.

Para algunos, la respuesta ante el embate de la corrupción recae en los organismos de control. De ahí que se multipliquen los llamados para que tanto la Procuraduría como la Contraloría impongan sanciones severas, ya sea de orden disciplinario o fiscal, con el fin de evitar más abusos. También la Fiscalía juega un papel crucial a la hora de llevar funcionarios a la cárcel. Y aunque dicha labor es indispensable para evitar que haya crimen sin castigo, tiende a ocurrir ante el hecho cumplido o el robo perpetrado.

En consecuencia, diferentes analistas se han referido a la necesidad de ir más allá para mejorar la interlocución y el seguimiento. No se trata en ningún caso de volver a prácticas centralistas que en su momento atrofiaron el desarrollo regional. En cambio, vale la pena mirar experiencias que funcionan en el continente, que pueden ir desde la figura de los intendentes, hasta la de un ministerio de ciudades, como existe en Brasil. Otros sugieren crear la superintendencia de gobiernos locales, aparte de exigirles más protagonismo al Ministerio del Interior y a Planeación Nacional para que les pongan presión abiertamente a los mandatarios municipales y departamentales cuya gestión sea cuestionable.

Tales iniciativas requieren liderazgo político y una voluntad reformadora en un Ejecutivo que no se puede conformar con dejar las cosas como están. De lo contrario, la impaciencia con casos de ineptitud como el de Yopal seguirá en aumento en un país que necesita más democracia, junto con los mecanismos para que funcione bien.