Por Leonardo Puentes*

Yopal afronta hoy, diría yo en su máxima expresión, el lastre del crecimiento incontrolado que sufren aquellas ciudades que por diversas razones, crecen a tasas desbordadas. En nuestra capital el fenómeno lo explica la locomotora minera, principalmente y, marginalmente, el proceso de industrialización agrícola.

Infortunadamente el fenómeno, relativamente imprevisible, le ha llegado a la ciudad en momentos en que sus destinos están en manos de personas con afanes distintos a los de construir una ciudad planificada, compacta, equitativa y ajustada a criterios urbanísticos modernos; es decir, de igualdad en la distribución de cargas y eficiencia en el logro de una mayor calidad de vida para todos.

El nuevo plan de ordenamiento no solo no conjura el fenómeno del urbanismo pirata, sino que, probablemente, lo que pretende es legalizarlo, proyectando la ampliación el perímetro urbano en dos franjas que sumadas superan la 3.500 hectáreas, que hoy por supuesto carecen por completo de servicios públicos y amoblamiento urbano alguno, y dentro de las cuales se encuentran aquellas que han sido objeto de loteos ilegales denunciados desde hace varios años ante la fiscalía, sin resultados positivos infortunadamente.

El asunto es que la ampliación desbordada del perímetro urbano, además de contravenir criterios universales en materia urbanística y probablemente la normatividad legal, esconde un negocio monumental en el que los dueños de la tierra en asocio con los urbanizadores y agentes estatales, en connivencia perversa, se enriquecen súbitamente en proporciones que el mismo narcotráfico y otros negocios ilícitos envidiarían; enriquecimiento que el resto de ciudadanos terminaremos pagando en el mediano y largo plazo, sacrificando recursos para la salud, la educación e incluso la vivienda de los más necesitados.

En ciudades con planes de ordenamiento modernos los costos de la expansión se distribuyen de manera equitativa, de tal manera que no se enriquezcan unos pocos a costa del erario público vía decisiones administrativas como la promulgación del POT, estableciendo por ejemplo la cesión de porcentajes significativos de tierra para vivienda de interés social y la obligación de asumir la mayor parte de los costos de interconexión e instalación de servicios públicos, vías y demás equipamentos urbanos.

Yopal, por el contrario, fijó sendas exenciones para los actuales dueños de los predios que serán objeto de la expansión del perímetro urbano en el célebre Acuerdo que definió nuestros actuales impuestos, aprobado al ritmo de las últimas orquestas de las fiestas de diciembre de 2012.

Si comprar una hectárea rural en 30 o 40 millones y venderla ilegalmente en lotes en más de mil millones no es un enriquecimiento ilícito, entonces qué lo es?. Habría que preguntarle a los estudiosos del derecho penal si estas denuncias se limitan al delito denominado urbanización ilegal o trascienden a delitos de mayor connotación, como debiera ser.

Ojalá Yopal reaccione, como ya lo han hecho algunos sectores de la ciudadanía, antes que se consume este atentado contra la planificación y el bolsillo de todos sus ciudadanos y el fenómeno delirante de la tierra en nuestra capital derive en una burbuja inmobiliaria, que en un par de años, seguramente, nos estallará a todos en las manos.

*Concejal de Yopal