Cinco manifestantes fueron capturados en la vereda San Luis del Ariporo, luego del intento fallido de una comisión integrada por varias entidades, que buscaba que de forma voluntaria se levantaran los bloqueos que vienen realizando un sector de la comunidad desde hace casi 2 meses en esa jurisdicción rural de Paz de Ariporo.

Los detenidos se habían encadenado en medio de la protesta y habían atravesado un automóvil sobre la vía, el cual fue inmovilizado.

La comisión gubernamental estaba conformada por la Defensoría del Pueblo, Personería, ICBF, Comisaría de Familia, Ejército Nacional, Policía Nacional y  la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). 

Se buscaba garantizar el derecho a la protesta, priorizar el diálogo y el desarrollo de acuerdos, pero la intransigencia de algunos habitantes del sector de no permitir que luego de 55 días se pudiera restablecer el orden, generó la acción de las autoridades.

 Un grupo de vecinos de la vereda impedían el paso a los vehículos que prestan servicios a la empresa Green Power que adelanta labores de exploración en el campo Kimbo ubicado en esa Zona limítrofe entre Paz de Ariporo y Hato Corozal.

Voceros de la Defensoría del Pueblo lamentaron que los intentos de diálogo no hubieran sido fructíferos, a pesar de los constantes intentos que se levantara de manera voluntaria el bloqueo.

Comunidad denunció vulneraciones

Por su parte la comunidad denunció que el Alcalde Jorge Camilo Abril Tarache, procedió con el desmantelamiento de la protesta pacífica, a pesar de que se estaba articulando con el Gobierno Central, "desde las 11:30 AM del día jueves 10 de octubre, la Alcaldía de Paz de Ariporo en cabeza de su alcalde y la Policía Antidisturbios, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) irrumpieron en la manifestación Pacífica en la vereda San Luis de Ariporo, siendo retenidos de manera arbitraria 2 mujeres y 4 hombres, dos de ellos mayores de 70 años. Se reclamaba la presencia del Gobierno Nacional por hechos irregulares de la Empresa Petrolera Gren Power Corporation. Durante esta intervención violenta, seis personas de la comunidad fueron detenidas y transportadas en una buseta. Lo que agrava la situación es que, en medio de esta acción, se encontraba presente la social de Green Power en el vehículo del inspector, lo que ha generado sospechas sobre la influencia de la empresa en la intervención policial".

Según los manifestantes hay varios derechos vulnerados: 1. Derecho a la protesta pacífica (Art. 37 de la Constitución Política de Colombia): La comunidad ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente, el cual fue vulnerado con el uso injustificado de la fuerza. 2. Derecho a la integridad personal (Art. 12 de la Constitución): El uso de la violencia por parte de la policía afectó la integridad física y mental de los manifestantes. 3. Derecho a la libertad personal (Art. 28 de la Constitución): La detención de seis miembros de la comunidad, sin causa justificada y sin el debido proceso, viola su derecho a la libertad.

Igualmente, afirmaron que, hay normativa violada por la Policía Nacional: 1. Decreto 003 de 2021 y Decreto 145 de 2023 y decreto 1231 de 2024: Estos decretos regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, estableciendo que debe ser proporcional, necesaria y respetuosa de los derechos humanos. En este caso, el uso de la fuerza en una manifestación pacífica fue desproporcionado y contrario a los principios establecidos por la ley. 2. *Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia)*: La intervención de las autoridades en manifestaciones debe priorizar el diálogo y la mediación, no la violencia. El involucramiento de una representante de Green Power en el proceso genera dudas sobre la imparcialidad de las acciones policiales.